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ENLAZANDO ALTERNATIVAS 2


RAAA - Red de Acción en  Alternativas al uso de Agroquímicos(www.raaa.org) / Perú
FDCL - Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile- Lateinamerika, Berlin

El caso de Tauccamarca
Bayer/ Bayer Crop Sciences

forma parte del Tribunal que se llevará a cabo en el encuentro social "ENLAZANDO ALTERNATIVAS 2".

FECHAS: Miércoles, 10 de mayo a sábado, 13 de mayo.

LUGARES: Stadthalle, A-1150 Viena, Vogelweideplatz 14 / Das Kongresshaus, A- 1050 Viena, Margaretengürtel 138

El caso Tauccamarca

El 22 de octubre de 1999, en la Comunidad de Tauccamarca, en el Distrito de Cay-Cay, Provincia de Paucartambo, Cuzco, se intoxicaron 50 niños cuyas edades fluctuaban entre 3 y 14 años, alumnos del Centro Educativo Estatal N° 50794 luego de haber consumido un desayuno escolar contaminado.
Según la versión oficial emitida por la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA/MINSA, el fatídico desayuno escolar estaba contaminado con Parathión Etílico,  plaguicida órganofosforado que fue prohibido desde el año 1998 .
Los niños con evidentes síntomas de intoxicación fueron llevados a la posta de Huasac a una hora de la Comunidad de Tauccamarca. Ante la falta de atropina, asistencia médica y del tratamiento adecuado, fallecieron 24 niños, los 26 sobrevivientes de la intoxicación fueron trasladados al Hospital Regional de Cusco.
El informe policial (Atestado N°207-99 X RPNP/DIVINCRI) describe los hechos, pruebas y evidencias de la tragedia donde los exámenes practicados han determinado que el envenenamiento de los niños se produjo por la ingesta de una sustancia organofosforada que se encontró presente en el desayuno escolar.
El gobierno de turno en ese entonces nombró una Comisión de alto nivel conformada por los Ministros de la Presidencia, de Salud, Fiscal de la Nación y el Director de la Policía Nacional del Perú para las investigaciones del caso. Posteriormente el Ministro de Salud Alejandro Aguinaga presenta su informe ante la Comisión de Salud, Población y Familia; y de Fiscalización (Diario El Sol 28 de octubre de 1999).
Los niños sobrevivientes fueron sometidos a diversos exámenes determinándose daño neurológico crónico, evidenciando alteraciones neuropsicológicas importantes y un déficit en la rapidez y coordinación motora en los niños intoxicados en Tauccamarca (C. Wesseling, A. Boluarte y D. Sánchez, octubre 2001). Estos efectos son compatibles con daño orgánico inducido por sustancias organofosforadas.
Como consecuencia de este lamentable suceso al año siguiente (octubre 2000) el Ministerio de Agricultura prohibió definitivamente el comercio de toda forma de Parathion en el Perú (Resolución Jefatural N°182-2000-Ag-SENASA).

ACCIONES LEGALES

A nivel judicial Se inicio un proceso penal en contra del profesor, su esposa y la campesina quienes se le han considerado como responsables de la muerte de estos niños. Este proceso ha oncluido con una sentencia por 6 años de cárcel condicional para el profesor.
El 21 de octubre del 2001, el Sr. Victoriano Huarayo Torres (DNI 25137762) en representación de los deudos interpusieron una demanda ante el Séptimo Juzgado Especializado de Lima (Expediente N° 2001-29561-0-0100-j-cl-7), contra las autoridades de entonces, como la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA/MINSA), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA/MINAG) y a la Empresa Bayer; solicitando indemnización por daños y perjuicios.
Ese mismo año, el juzgado declara inadmisible la demanda debido a que no encontraba nexo de casualidad entre los demandados y el hecho ocurrido. En tal sentido, los deudos apelaron a la decisión del juzgado  argumentando que la decisión del juez era incorrecta porque se estaba pronunciando sobre el tema de fondo del proceso. La Corte Superior declara nula la resolución del Séptimo Juzgado especializado y ordena al mismo a pronunciarse teniendo en cuenta la argumentación presentada.
En marzo del 2002, el Séptimo Juzgado Especializado de Lima, admite la demanda e informa a los demandados quienes responden interponiendo excepciones de prescripción y  falta de legitimidad siendo inmediatamente absuelta por el demandante en un escrito. Por su parte los demandados respondieron a las excepciones fundamentando sus "posibles" responsabilidades. El 10 de octubre del 2003 durante una audiencia se emite la Resolución N° 31 donde se declara infundada las excepciones de falta de legitimidad, representación defectuosa y ambigüedad de la demanda y fundada la excepción de prescripción. En consecuencia se declara nulo y concluido el proceso.
Por lo que los deudos presentaron un recurso de apelación a la sala superior, el cual se encuentra pendiente de ser calificado. Cabe mencionar que esta decisión del Juez sobre el plazo de formulación de la demanda se basa en la fecha exacta de la ocurrencia de los hechos y la notificación de la demanda a los demandados, es decir el Juez tiene una particular interpretación del artículo 1993° del Código Civil debido a que este artículo señala que la "prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción". Lo que demuestra que en ningún lado se desprende que el plazo comienza desde la ocurrencia de los hechos, sino todo lo contrario desde cuando se tiene la posibilidad de hacerlo.

A nivel del Congreso de la República
A iniciativa de la Congresista Maruja Alfaro Huertas presentó una Moción de Orden del Día, solicitando la conformación de grupos de trabajo dentro de la Comisión de Salud y la Comisión de Agricultura respecto al presente caso. Dando como resultado la conformación de una "subcomisión investigadora de los luctuosos sucesos ocurridos en Tauccamarca - Cusco, respecto al fallecimiento de 24 niños y 18 intoxicados debido a la ingesta de alimentos contaminados con plaguicidas y el impacto del indiscriminado uso de plaguicidas", conformada por: Alcides Llique Ventura (Presidente), Manuel Merino de Lama y Michael Martínez González. Estos congresistas culminaron con el informe en mayo del 2002 y el 27 de junio del 2002 esta subcomisión presenta su informe a la Comisión de Agricultura el cual fue aprobado después de tres votaciones. El 9 de julio del mismo año el Congresista Manuel Olaechea García, como Presidente de la Comisión Agraria, elevó al Consejo Directivo del Congreso de la República, el informe de la Sub Comisión Investigadora encargada del caso.
El informe menciona como resultado que existe responsabilidades administrativas e indicios penales de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Ministro de la Presidencia, FONCODES, Ministro de Salud y la Empresa Bayer, así como a los miembros de la comisión de alto nivel.
El 20 de noviembre del 2003, el despacho del Congresista Alcides Llique Ventura envía una carta al Consejo Directivo del Congreso de la República solicitando se priorice la atención de este caso, para que sea debatido en el pleno del congreso. Desde esa fecha no se tiene conocimiento del destino de este informe y aun peor la Comunidad de Tauccamarca  continúa en un total desconocimiento del rumbo de su caso.

ACTORES IMPLICADOS

Ministerio de Salud
n el momento de la tragedia la Comunidad de Tauccamarca no contaba con una posta médica, la más cercana era la Posta de Huasac donde no tenían los insumos necesarios que permita la atención inmediata en estos casos de intoxicaciones masivas causadas por plaguicidas.
Considerando además que de acuerdo al artículo 7mo. de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad; se encuentra responsabilidad en el Ministerio de Salud al no haber cumplido con establecer una política nacional de salud respecto a los servicios de salud que permita una atención integral de la salud de las personas y de la comunidad de Tauccamarca en este caso.
Asimismo, se cuestionan los resultados de los análisis realizados por DIGESA, que señalan que el plaguicida detectado en las muestras fue PARATHION ETILICO. Este plaguicida según información técnica que se dispone, sólo se comercializaba en presentación líquida, y mas bien el Parathion Metílico se comercializaba tanto como presentación líquida como en polvo soluble. A estas contradicciones se suman las declaraciones de los implicados en la preparación que mencionan que el plaguicida fue agregado por una confusión con el sustituto lácteo, el cual señalaría que se trató de un plaguicida en polvo. Ello trae consigo dudas razonables respecto a la confiabilidad del resultado obtenido por DIGESA. Además la negativa reiterada de DIGESA en el año 1999, de brindar los resultados de estos análisis de manera pública genera muchas interrogantes y suspicacias al respecto.

Ministerio de Agricultura
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) como organismo encargado del registro, comercialización y acciones de post registro de plaguicidas de uso agrícola, omitieron el cumplimiento del Artículo 82 del Capitulo XV sobre Educación, Capacitación y Divulgación del Reglamento para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola (Decreto Supremo No 016-2000-AG). Este reglamento señala que "el SENASA, en coordinación con el sector privado involucrado y especialmente con la cooperación de la industria de plaguicidas, desarrollará programas integrales de capacitación en esta materia, intensificando acciones de información al público usuario y fomentará el desarrollo de buenas practicas sobre el uso y comercialización de los plaguicidas químicos". En el Perú, es conocido que la mayoría de las comunidades campesinas en la sierra que se dedican a la agricultura son quechua-hablantes, por lo que tienen dificultades para leer las recomendaciones señaladas en las etiquetas de los plaguicidas, lo cual los hace vulnerables en el momento de usar estas sustancias tóxicas, especialmente en condiciones de abandono por parte del Estado.
Asimismo se sabe, que de acuerdo a la Resolución Jefatural Nº 131-98- AG-SENASA, se había prohibido el registro de las formulaciones comerciales que respondan al ingrediente activo Parathion Etílico y se prohíbieron las formulaciones de tipo concentrado emulsionable (CE) con base en el ingrediente activo Parathion Metílico. Permitiéndose el uso restringido de Folidol 2.5% Polvo Seco (PS) para su empleo sólo en los cultivos de algodón, zapallo, fríjol, maíz  y papa, aplicación en plántulas de esos cultivos. Lo que evidencia que en ese momento SENASA tuvo serias deficiencias en el sistema de monitoreo y fiscalización en el cumplimiento de las normas emitidas.
Después de un año de ocurrida la tragedia de Tauccamarca se prohibió el comercio y uso del Parathion Metílico (según Resolución Jefatural N° 182-2000-AG-SENASA) por ser uno de los plaguicidas que mayores problemas de intoxicación voluntaria e involuntaria han generado. Sin embargo, por mucho tiempo fue uno de los plaguicidas favoritos de los agricultores, básicamente por su bajo costo y su amplio espectro de acción. Mucho se hubiera podido ahorrar, especialmente en vidas humanas si se hubiera prohibido este plaguicida con anterioridad.

Empresa Bayer
La responsabilidad social y ética que debería asumir la Industria de Agroquímicos, como responsable del comercio y mercadeo de productos plaguicidas, en el aspecto de promover acciones de capacitación a los usuarios sobre los riesgos y peligros del uso de los plaguicidas, especialmente en aquellas comunidades campesinas que se encuentran en gran desventaja por la falta de educación y al limitado acceso a la información, que sumado a la limitada infraestructura con que cuenta para la atención de casos de emergencia, genera condiciones de alto riesgo para su salud.

 



Información:

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

  

Fundador: Lelio Basso

Presidente: Salvatore Senese

 

Sesión sobre

Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas   en América Latina y el Caribe

 

 

Viena 10-12 de mayo de 2006

 

ACUSACIÓN

 

Miembros del Panel:

Elmar Altvater (Presidente, Alemania), Miren Etxezarreta (España), Susan George (Francia), Lilian Manzella (Estados Unidos), Francesco Martone (Italia), Freda Meissner-Blau (Austria), Sandra Quintela (Brasil), Roberto Schiattarella (Italia), Gianni Tognoni (Secretario General, Italia)

 

 

ENLAZANDO ALTERNATIVAS 2

www.alternativas.at
 

  

FONDAZIONE LELIO BASSO – SEZIONE INTERNAZIONALE

www.internazionaleleliobasso.it

 

1. La razón de ser del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las Transnacionales Europeas

 

El 2 de febrero de 2006 el espacio Enlazando Alternativas 2 (EA2) requirió oficialmente la convocatoria de una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre las corporaciones transnacionales (CTN) en América Latina. De acuerdo a los estatutos del TPP se requería una investigación centrada en el rol crecientemente dominante de las CTN europeas en áreas estratégicas tales como el sector de servicios, la infraestructura, el petróleo, el agua, las finanzas y las telecomunicaciones. Se solicitaba en particular el análisis de las amenazas referidas a la soberanía política, la política de desarrollo, la autonomía económica y la democratización en América Latina. La red de organizaciones representadas en EA2 requerían que el tribunal escuchara diversos casos de países de la región referidos a aspectos concernientes a la vida y el trabajo, en lugar de un juicio formal. El TPP aceptó el requerimiento, el cual parecía ser específicamente relevante en relación al rol institucional del TPP por dos razones básicas:

 

   1. Los pueblos, los movimientos y la diversidad de actores participantes en EA2 representan una de las más importantes expresiones de la lucha en curso en torno a los derechos de los pueblos, la que justifica la existencia del TPP, basado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel, del año1976.
   2. Los temas del requerimiento constituyen una importante oportunidad para continuar y expandir el rol investigativo del TPP sobre la relación entre las leyes económicas y los derechos de los pueblos. Este trabajo viene siendo realizado desde la creación del tribunal en la segunda mitad de la década de 1970, a partir de una serie de juicios que incluyeron temas como:[1]

-         el rol de las corporaciones transnacionales en las dictaduras de América Latina (Bruselas, 1975);

-         las causas de la impunidad de quienes cometieron crímenes en países latinoamericanos (Bogotá, 1991);

-         la conquista de América Latina y los orígenes del Derecho Internacional (Venecia, 1992);

-         las corporaciones transnacionales en las industrias textiles, de la vestimenta y de la indumentaria deportiva y sus impactos sobre los derechos laborales y el medio ambiente (Bruselas, 1998);

-         el caso del desastre de Bhopal y la irresponsabilidad corporativa (Bhopal, 1991 - Londres, 1994);

-         las malas prácticas de las corporaciones transnacionales (Warwick, 2001);

-         el rol de las corporaciones transnacionales en Colombia (Berna, 2005 – Bogotá, 2006).

 

2. El procedimiento

 

Las audiencias del TPP se desarrollaron en tres sesiones, precedidas por una sesión inaugural, cada una de las cuales tuvo una extensión de aproximadamente cuatro horas. Un dossier detallado de los estudios de caso y las denuncias fue entregado al jurado. Testigos y expertos presentaron oralmente los casos documentados y también respondieron a las preguntas realizadas por los miembros del jurado. Los casos cubrieron varias áreas de actividad de las TNC y su impacto sobre: los recursos naturales, los derechos de los trabajadores, los servicios públicos –con énfasis particular en la provisión de agua, saneamiento y electricidad–, el rol del capital financiero global y el rol de las TNC en el sector de las finanzas de América Latina, la cadena alimentaria y la diversidad agrícola, y la industria del gas y del petróleo. Toda la documentación está disponible en el sitio web <http://www.tni.org>.

 

3. Acusación general

 

Los miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) agradecen a los organizadores de este importante evento, resaltando el rigor y la alta calidad de la investigación y la documentación presentada durante las audiencias, al tiempo que saludan el compromiso de los testigos en búsqueda de la justicia para sus comunidades y sus países.

 

Hemos escuchado testimonios y estudios de caso referidos a varias decenas de CTN y bancos con sede en Austria, España, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y los Países Bajos, y en un país por fuera de la UE, Noruega. El TPP ha recibido suficientes evidencias sobre los abusos de las CTN europeas en relación a los derechos humanos, sociales, culturales y laborales, sobre sus acciones irresponsables y algunas veces irreversibles en torno al medio ambiente, y sobre la carencia total de interés en el bienestar de las comunidades locales.

 

Hemos escuchado, en particular, de la complicidad de los gobiernos europeos que apoyan y sostienen a sus CTN, así como sobre el rol que asumen instituciones internacionales tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, el Banco Europeo de Inversión, las agencias oficiales de crédito y las agencias nacionales de cooperación al desarrollo como catalizadores de las actividades explotadoras de las CTN.

 

Hemos considerado casos de privatización de servicios públicos fomentados por las corporaciones (en particular referidos al agua, el saneamiento y la energía), uso y extracción de recursos naturales, prospección petrolera, prácticas de agro-negocios y explotación de la tierra, expansión de plantaciones de monocultivo para la producción de pulpa de celulosa, y la responsabilidad de bancos europeos en la liberalización del sector financiero en varios países de América Latina.

 

4. Las conclusiones del tribunal

 

Sobre la base de lo antes mencionado hemos identificado elementos y amenazas comunes que el TPP considera que ameritan trabajo adicional, en torno a:

 

a.              Amenazas al derecho al acceso a los servicios básicos esenciales. El agua ha sido transformada en una mercancía, por encima de su consideración como derecho básico. Las políticas de comercialización y distribución implementadas por las CTN, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, impiden que amplios segmentos de la población (principalmente los pobres) accedan a un derecho humano fundamental. La privatización y la liberalización de la electricidad ha tenido resultados similares.

 

b.             Amenazas al derecho a la tierra. La expansión de las plantaciones de monocultivo para la exportación (fundamentalmente soya y pulpa de madera) está destruyendo las formas de vida de los campesinos y pequeños productores rurales, al impedirles el acceso justo y equitativo a la tierra.

 

c.              Amenaza al derecho a la soberanía y la seguridad alimentaria. La producción industrial de alimentos para la exportación y la privatización de la biodiversidad y las semillas, promovidas por intereses corporativos y las inequidades del comercio internacional, están destruyendo la capacidad de los países latinoamericanos de satisfacción de tales derechos.

 

d.             Amenazas a los derechos laborales. La llamada “flexibilidad”?, la búsqueda de altas ganancias para las inversiones privadas, la necesidad de producir bienes baratos para mercados globales, junto a la represión de los sindicatos de América Latina, debilitan los estándares laborales básicos. Más aún, las TNC usan proveedores baratos de fuerza de trabajo para mantener los costos bajos, expandiendo un sector informal ya muy grande.

 

e.              Amenazas a los derechos de los pueblos indígenas. TNC europeas y gobiernos latinoamericanos colaboran en la invasión y explotación de los territorios de los pueblos indígenas sin que se cuente con el consenso o la participación de las comunidades afectadas, violando en consecuencia sus derechos fundamentales y su identidad cultural.

 

f.               Amenazas a los derechos ambientales. La negligencia y el abuso por parte de las corporaciones transnacionales europeas en ecosistemas frágiles en términos de biodiversidad y vida silvestre (hotspots), así como en bio-regiones claves para la estabilización climática, han aumentado la deforestación por razones económicas, contaminado las aguas y expandido la infraestructura, resultante en una sustancial deuda ecológica que contradice el compromiso público de la UE con el desarrollo sustentable. La explotación irresponsable de los recursos naturales –por ejemplo gas y petróleo– en manos de TNC europeas ha provocado graves y profundos impactos ambientales tanto a escala local como, en ultima instancia, a escala global.

 

g.              Amenazas a los derechos políticos y civiles. Las corporaciones transnacionales europeas pueden desarrollar sus actividades sin ser perturbadas gracias a la complicidad de gobiernos locales y nacionales. Todo esto puede ocurrir a pesar del rechazo popular, dado que los mismos gobiernos no dudan en reprimir la disidencia y la movilización ambiental, social y sindical.

 

Todas las amenazas antes expuestas, combinadas con el comportamiento errático de los mercados financieros, resultan en un ataque masivo a los derechos sociales y económicos al desarrollo, y por lo tanto representan un desafío significativo para el trabajo futuro del TPP.

 

Las TNC no son las únicas responsables de esta situación. La responsabilidad también se extiende a los gobiernos anfitriones y a la UE, lo que permite a las empresas aplicar estándares inferiores a los observados en Europa. La UE, en sus negociaciones con los países latinoamericanos, persigue una agenda de liberalización del comercio y de las finanzas y de apoyo a las TNC. Con frecuencia, la ayuda económica está condicionada a la aceptación de los criterios de la UE, mientras que ésta negocia acuerdos de comercio y arreglos preferenciales con países concretos, incluso cuando los mismos violan las normas internacionales básicas de respeto a los derechos humanos, tales como las establecidas por la OIT.

 

Desafortunadamente, el TPP ha sido obligado a considerar estos casos debido a la carencia de cualquier otro foro para la adecuada consideración de las denuncias, así como por la ausencias de reglas a ser aplicadas para el control de las CTN. A menos que y hasta tanto tales normas se desarrollen y se ejecuten apropiadamente casos como los considerados por nosotros seguirán apareciendo de forma recurrente.

 

En consecuencia, el TPP concluye que la complejidad y la seriedad de las denuncias y las correspondientes amenazas requieren más investigación, orientada a contribuir al desarrollo de instrumentos legales internacionales que harían a las CTN verdadera y efectivamente responsables por sus prácticas.

 

Perspectivas

 

El propósito y las modalidades de acción del TPP siempre han intentado apoyar y fortalecer a movimientos sociales y ciudadanos responsables en sus diferentes luchas por la justicia y los derechos humanos. No es casualidad, por lo tanto, que los preparativos de la  sesión hayan generado un nivel sin precedentes de interés y expectativa entre los movimientos de América Latina y Europa, los cuales han creado nuevas redes y una base para avanzar en sus luchas, resistencia y búsqueda de alternativas al paradigma económico y social dominante.

 

Al mismo tiempo, las oportunidades que América Latina está actualmente promoviendo en su propio camino hacia la justicia social y la autodeterminación pueden inspirar a los movimientos en Europa, en sus prácticas y propuestas para una alternativa de justicia. El enriquecimiento mutua de acción y análisis que intentamos fomentar convierte a este tribunal en algo más que un mero ejercicio académico, al tornarse realmente en un esfuerzo genuino de contribución desde la experiencia al esfuerzo común de los movimientos sociales, ambientales y sindicales de ambas regiones. Es la determinación y la acción visionaria de los movimientos lo que nos mueve a promover iniciativas futuras de enfrentamiento al desafío de la globalización económica y financiera para la afirmación de los derechos fundamentales de los pueblos. A la luz de la importancia de las conclusiones de esta sesión, el tribunal anuncia su intención de convocar a una sesión formal para juzgar las actividades y las responsabilidades de las CTN europeas en América Latina.


Information:

PERMANENT PEOPLES’ TRIBUNAL

Founder: Lelio Basso
President: Salvatore Senese
Hearing on Neo-liberal Policies and European Transnational Corporations in Latin America and the Caribbean
Vienna May 10-12, 2006

INDICTMENT

Members of the Panel:
Elmar Altvater (President, Germany), Miren Etxezarreta (Spain), Susan George (France), Lilian Manzella (United States), Francesco Martone (Italy), Freda Meissner-Blau (Austria), Sandra Quintela (Brazil), Roberto Schiattarella (Italy), Gianni Tognoni (Secretary-General, Italy)

Why a Permanent Peoples’ Tribunal on European Transnationals?

 

  1. The peoples, the movements, the spectrum of actors participating in the EA2 represent one of the most important expressions of the ongoing struggle for the rights of peoples, which is the justification of the existence of the PPT, based on the Universal Declaration of the Right of Peoples in Algiers, 1976.
  2. The themes of the request are an important opportunity for continuing and expanding the research role of the PPT with respect to the relationship between economic laws and human and peoples’ rights. This work is ongoing since the beginning of the Tribunal in the second half of the 1970s in a series of judgments, which include sessions on:
    1. the role of transnational corporations in the Latin American dictatorships (Brussels, 1975)
    2. the causes of impunity of those who committed crimes in Latin American countries (Bogota’ 1991);
    3. the conquest of Latin America and the origins of International Law (Venice, 1992);
    4. Transnational Corporations in the Textile, Garment and Sportswear industries and their impact on labour rights and the environment (Brussels, 1998)
    5. the case of the Bhopal-disaster and corporate irresponsibility (Bhopal, 1991- London, 1994);
    6. the wrong-doings of TNCs (Warwick, 2001)
    7. the role of TNCs in Colombia (Berne, 2005; Bogota’, 2006).

The Procedure

The hearings of the PPT took place in three sessions following an opening session, each lasting around 4 hours. A detailed dossier of case studies and complaints was submitted to the jury. Witnesses and experts presented orally the documented cases and also answered questions posed by members of the jury. The cases covered several areas of TNC activities and their impact on: natural resources, labour rights, public services with particular emphasis on water provision, sewage and electricity, the role of global finance and the role of TNCs active in financial services in Latin America, the food chain and agricultural diversity, the oil and gas industry.

 

General Indictment

The members of the jury of the PPT thank the organisers of this important event, commend the thoroughness and high quality of the research and documentation presented in the course of the hearings and salute the commitment of the witnesses to achieving justice for their communities and their countries.

We have heard testimony and case studies concerning several dozen TNCs and banks headquartered in Austria, Finland, France, Germany, Great Britain, Italy, the Netherlands, Spain and one non-EU country, Norway. We have been presented with overwhelming evidence concerning European TNCs abuses of human, social, cultural and workers’ rights, their irresponsible and sometimes irreversible actions towards the environment and their complete disregard for the welfare of local communities.

We have heard, in particular, of the complicity of European governments that aid and abet their own TNCs. Furthermore, international public institutions including the World Bank, the Inter-American Development Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organisation, the European Investment Bank, Export Credit and national development agencies, as well as European bilateral free trade agreements, pave the way for the exploitative activities of TNCs.

We were presented with cases of corporate-led public service privatisation (notably water, sanitation and energy), use and extraction of natural resources, oil exploration, land use and agribusiness practices, expansion of monocultural plantations for pulp, liberalisation of financial services and the role of European Banks in various Latin American countries.

The Findings of the Tribunal

On the basis of the above we have identified common elements and threats that the PPT considers deserving of further work:

  1. Threats to the right to access essential services: Water has been transformed into a commodity rather than a common resource. Pricing and distribution policies implemented by TNC with the support of International Financial Institutions deprive broad sections of population (mostly the poor) from the enjoyment of this fundamental human right. Electricity privatisation and liberalisation has similar results;
  2. Threats to the right to land: The expansion of monocultural plantations for export (notably for soya and wood pulp) is destroying small-scale farmers’ livelihoods, while preventing fair and equitable access to land;
  3. Threat to the right to food sovereignty, safety and security: Industrial scale production of food for export, and the privatisation of biodiversity and seeds, driven by imbalanced international trade regimes and corporate interests, is destroying the capacity of Latin American countries to realize these rights;
  4. Threats to labour rights: So-called labour “flexibility”?, the push for high returns for private investment, the need to produce cheap goods for global markets, together with the repression of Latin American trade unions, undermine core labour standards. Furthermore, TNCs use cheap suppliers of labour in order to keep costs low, thereby expanding an already huge informal sector;
  5. Threats to indigenous peoples’ rights: EU TNCs and Latin American governments collaborate in invading and exploiting indigenous peoples’ lands without their prior informed consent or participation, thereby violating their cultural identity and fundamental rights;
  6. Threats to environmental rights: Negligence and abuse by EU TNCs of fragile ecosystems in hotspots of biodiversity and wildlife, as well as key bioregions for climate stabilisation augmented by deforestation for economic reasons, contamination of water, infrastructure expansion, result into a substantial ecological debt and contradict EU public commitments for sustainable development. Irresponsible exploitation of natural resources by European TNCs such as oil and gas result in widespread ecological impacts both at a local and ultimately global level;
  7. Threats to civil and political rights: EU TNCs can proceed undisturbed thanks to the complicity and cooperation of local and national governments. All this can occur in spite of popular dissent since those same governments do not hesitate to repress dissent and often crackdown on environmental, social and labour movements.

All of these threats combined with the erratic behaviour of financial markets result in a major attack to economic and social rights to development, and hence represent a major challenge for the future work of the PPT.

TNCs are not solely responsible for this situation. The responsibility also extends to the host governments and the EU that allows enterprises to apply inferior standards to those practised in Europe. The EU, in its negotiations with Latin American countries, follows an agenda of trade and financial liberalisation and support for TNCs. Economic aid is often made conditional to the acceptance of EU criteria, while the EU maintains trade and preferential arrangements with certain countries even where they are in violation of international human rights norms, such as those established by the ILO.

The PPT has been unfortunately obliged to consider these cases due to the unavailability of any other forum for adequate recourse and redress as well as the absence of binding rules applicable to TNCs. Unless and until such norms are developed and properly implemented cases as the ones examined will recur again and again.

Therefore the PPT concludes that the complexity and seriousness of accusations and the corresponding threats require further investigation with a view to contribute to the development of international legal instruments that would make TNCs truly and effectively responsible and accountable for their practices.

Perspectives

The PPT purpose and modalities of action have always been intended to provide support and to empower social movements and responsible citizens in their different struggles for justice and human rights. Not incidentally, therefore, the preparation of this session has generated an unprecedented level of interest and expectation in Latin American and European movements, that created new networks and a basis for strengthening their struggles, resistance and search for alternatives to the dominant economic and social paradigm.

At the same time, the opportunities that Latin America is currently experiencing in its own way to social justice and self-determination can provide inspiration to movements in Europe, in their practices and proposals for an alternative of justice. The cross-fertilisation of action and analysis, that this Tribunal seeks to foster, makes its work more than a mere academic exercise, but rather a genuine effort to contribute with its experience to a common endeavour of social, environmental and labour movements in both regions. It is their determination and visionary action that encourage us to pursue our future initiatives dealing with the challenges that economic and financial globalisation pose on the affirmation of fundamental peoples’ rights. In view of the importance of the findings of this session, the Tribunal herewith states its intention to convene a formal session to judge the responsibilities and activities of European TNCs in Latin America.



Erklärung der Jury des Permanenten Tribunal der Völker

Permanentes Tribunal der Völker
Erklärung der Jury des Tribunals über „Die Transnationalen Konzerne der Europäischen Union: Macht der Konzerne und Straflosigkeit in Europa und in Lateinamerika”
Wien, 10.-12. Mai 2006

1 Allgemeine Grundlagen
Die Aufforderung eine Sitzung der PPT über die Rolle von transnationalen Konzernen der Europäischen Union abzuhalten, wurde dem PPT am 2. Februar 2006 offiziell übermittelt. Es waren eine Reihe von inoffiziellen Kontakten vorangegangen, wie es im Statut des Tribunal niedergelegt ist. Es sollte die immer dominanter werdende Rolle der  europäischen TNCs in entscheidenden Bereichen untersucht werden. Dazu gehören: Dienstleistungen, Infrastruktur, Energie, Petroleum Wasser, Finanzsystem, Telekommunikation etc. Die TNCs sind so dominant, dass politische Souveränität, entwicklungspolitische Perspektive, wirtschaftspolitische Alternativen und die weitere Demokratisierung verschlossen werden. Wegen der verwickelten und daher schwierigen Konstellation hat das Netzwerk der Organisationen, die „enlazando alternativas 2”tragen, nicht gefordert, zu einem formellen Urteil zu gelangen, sondern die Vielfalt von Klagen zu hören, die aus vielen lateinamerikanischen Ländern, von vielen Bevölkerungsgruppen in bezug auf viele Bereiche von Leben und Arbeit gegen die Transnationalen Konzerne der EU vorgebracht werden. Daher ist die Abschlußerklärung des Tribunals kein formelles Urteil, sondern eine Erklärung über die Rolle der europäischen TNCs in Lateinamerika. Das PPT akzeptierte die Aufforderung nicht zuletzt deshalb, weil sie besonders wichtig für die weitere Arbeit des PPT sein kann. Dafür waren drei Gründe maßgebend.

   1. Das Spektrum von Akteuren, die Bewegungen, die am Enlazando Alternativas teilnehmen, sind die wichtigsten Träger des Kampfes für das Recht der Völker. Das ist die Basis des PPT, die in der Erklärung von Algier von 1976 gelegt worden ist.
   2. Die Aufforderung zur Sitzung zielt nicht auf ein Urteil oder eine Verurteilung, sondern auf eine rigorose, tiefschürfende Untersuchung des nicht auszuschließenden Fehlverhaltens und der Verletzungen fundamentaler Menschenrechte durch TNCs unter der Mitwirkung  der EU.
   3. Die Themen der Aufforderung sind eine bedeutsame Gelegenheit, um die Forschung im Rahmen des PPT in den Bereichen von ökonomischen Interesen und Konflikten un in Fragen der Menschenrechte zu stärken. Dies ist eine schon seit langem verfolge Linie. In diesem Kontext sind bereits eine Reihe von Tribunalen durchgefpührt worden, z.B.

Die Mitglieder Jury danken den Organisatoren dieses wichtigen Treffens Enlazando alternativas. Sie sind sich der hohen Qualität und Klarheit der Dokumente über die einzelnen zur Bewertung gestellten Fälle bewusst. Sie sind beeindruckt von der Qualität der Hearings und von den Stellungnahmen, die ein klares Bekenntnis zu Gerechtigkeit für die lokalen Gemeinschaften und die Länder, aus denen sie kommen, erkennen lassen.

Wir haben haben Berichte über Fälle gehört, in die viele TNCs verwickelt sind, und zwar aus Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Nioederlanden, Spanien und dem Nicht-EU-Mitglied Norwegen. Die Berichte haben sehr klar erkennen lassen, wie sehr europäische TNCs die Menschenrechte, Arbeitsrechte missachten, die natürliche Umwelt manchmal irreversibel schädigen und wie sehr sie die sozialen Bedingungen in lokalen Gemeinschaften nachgerade zerstören.

Wir haben besonders aufmerksam die Berichte verfolgt, in  denen die Mittäterschaft europäischer Regierungen zu Gunsten „ihrer”TNCs angeprangert worden ist. Darüber hinaus haben wir erfahren, wie sehr internationalen Institutionen, wie Weltbank, IWF, Interamerikanische Entwicklungsbank oder WTO den Wegh für die TNCs ebnen.

Wir haben uns über Fälle informieren lassen, wie die Privatisierungsmaßnahmen zu Gunsten der großen Konzerne, die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Ölförderung und deren Folen, die Ausdehnung der Monokulturen zur Zellulose- oder Sojeproduktion, die Liberalisierung der Finnzdienstleistungen.

2 Das Verfahren
Die Anhörungen haben in drei Sitzungen von jeweils etwa 4 Stunden stattgefunden, denen eine Eröffnungssitzung vorausgegangen ist. Grundlage der Anhörungen war ein detailliertes Dossier über die präsentierten Fälle. Die mündlich erläuterten Fälle wurden durch Nachfragen seitesn der Jury zu klären versucht. Die in der Sitzung präsentierten Fälle betrafen die oben erwähnten Bereiche von der Wasserversorgung bis zur Biodiversität. Die Dokumente stehen zur Nachprüfung im Internet zur Verfügung.

3 Die Stellungnahme des Tribunals
In einer ersten Stellungnahme ist es möglich, einige allen Fällen gemeinsame Probleme zu identifizieren, die für die weitere Arbeit des PPT bedeutsam sind.

   1. Die Gefährdung des Rechts des Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen. Wenn Wasser durch Privatisierung in eine Ware verwandelt wird, ist es kein Gemeingut mehr, das allen Menschen zur Verfügung steht. Die Preis- und Verteilungspolitik der TNCs, die von den internationalen Finanz- und Entwicklungsinstituionen zumeist unterstützt wird, enteignet die ärmere Bevölkerung eines fundamentalen Menschnerechtes. Was für Wasser gesagt wurfde, gilt in ähnlicher Weise auch für die Energieversorgung.
   2. Die Bedrohung des Rechts auf Land und Boden infolge der Expansion von Monokulturen (vor allem Soja und Eukalyptus für die Zelluloseproduktion). Dabei wird den Kleinbauern Land genommen und folglich die Existenzgrundlage entzogen.
   3. Die Unterminierung des Rechts auf Ernährungssicherheit und –souveränität durch die industriell betriebene Landwirtschaft und die Produktion für den Export, zusammen mit der Privatisierung der Biodiversität durch große Konzerne (unter Anwendung des Patentrechts für genetische Ressourcen). Die internationalen Handelsregimes erlauben den TNCs die Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber den Rechten der Menschen.
   4. Angriff auf Arbeitsrechte. Der Druck in Richtung möglichst hoher Renditen, die Notwendigkeit, möglichst billig für den Weltmarkt zu produzieren, die Schwäche der Gewerkschaften, auch in Lateinamerika, die Flexibilisierung des Arbeitseinsatzes unterminieren die Einhaltungder Kernarbeitsnormen der ILO. Darüber hinaus nutzen die TNCs Unterauftragnehmer, um die Arbeitskosten weiter zu senken, weil dort die Arbeitsverhältnisse prekär sind. Daher wächst der informelle Sektor, der inzwischen wesentlicher größer als der Sektor formeller Beschäftigung ist.
   5. Missachtung der Rechte der indigenen Bevölkerung. Transnationale Konzerne aus der Eu missachten Landrechte der indigenen Bevölkerung, häufig in Kollusion mit den nationalen Regierungen. Sie verletzen damit die kulturelle Identität und fundamentale Rechte. Sie suchen keine Partizipation, verlassen sich auf die Ausüpbung ihrer ökonomischen Macht.
   6. Missachtung von Umweltrechten. Europäische TNCs sind rücksichtslos in fragilen Ökosystemen, in den Zentren der Biodiversität, unter Berücksichtigung der Bedeutung der Erhaltung der tropischen Wälder für eine Stabiloisierung des Weltklimas. Ihnen geht es nur um kurzfristigen ökonomischen Profit. Die Vergiftung der Gewässer, die Zerstörung von Ökosystemen durch Infrastruktur sind unvermeidlich. Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcenn, z.B. von Öl und Gas hat weitreichende ökologische Folgen, auf lokaler Ebene ebenso wie im globalen Raum.
   7. Auch die bürgerlichen und politischen Rechte sind bedroht. Infolge der Mitwirkung und der Kooperation von lokalen und nationalen Regierungen haben die TNCs aus der Eu fast freie Hand. Es gibt den Widerstand von Volksbewegungen, aber er wird sehr häufig polizeilich niedergeschlagen, diffamiert und kriminalisiert.

Wenn man bedenkt, dass zu all diesen Missachtungen und Fehlverhalten die Wirkung der internationalen Finanzmärkte hinzukommt, die dies bestärken, kann man die Heftigkeit der gegenwärtigen Attacke auf das Recht auf menschlkiche Entwicklung verstehen. Daraus ergeben sich die Herausforderungen für das Permanente Tribunal der Völker.

Die Verantwortung für alle diese Fälle sind nicht auf die TNCs der Eu zu begrenzen. Sie betrifft auch die Regierungen und die Kommission, die die Standards erlassen haben, die es den TNCs erlauben, so zu agieren wie sie es tun. Der Skandal aber besteht darin, dass die TNCs niedrigere Standards in Lateinamerika einhalten müssen als in der EU. In den Verhandekungen mit Lateinamerika wird die Linie der Liberalisierung der Märkte, insbesondere der Finanzmärkte, verfolgt und damit der Unterstützung der TNCs. Wirtschaftsliche Unterstützung ist häufig konditioniert, damit die Kriterien der EU eingehalten werden. Gleichzeitig hat die EU eine Reihe von Präferenzabkommen geschlossen mit Ländern, in denen Menschenrechte oder die Kernarbeitsnormen nicht eingehalzten werden.

Die dem PPT vorgelegten Fälle zeigen allesamt, wie sehr bindende Regeln für TNCs fehlen. So lange diese Regeln nicht existieren werden Klagen, wie die auf dieser Sitzung gehörten und untersuchten immer wieder erneut aufgeworfen werden.

Daher schlußfolgert das Tribunal, dass die Komplexität und Bedeutsamkeit der Anklagen und die ihnen zugrund liegenden Bedrohungen von Rechten weitere Untersuchungen erforderlich machen. Das Ziel ist, auf internationaler Ebene Rechtsinstrumente zu schaffen, die es möglich machen, TNCs wirksam und verantwortlich zu machen für jede Verletzung von Rechten, die sie begehen.