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La solidaridad es una práctica que vale la pena

Pedro Rosas Aravena obtiene su libertad después de 11 años


El día viernes 7 de enero del año en curso, llegó un E-mail de Santiago anunciando que el prisionero político Pedro Rosas Aravena, recluido en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), por disposición del gobierno de Chile, sería puesto en libertad a las 18 horas de ese mismo día. Después de la incertidumbre y confusión, e incluso escepticismo, que cundió entre quienes, por más de seis años, nos hemos solidarizado con la lucha por la libertad de los presos políticos en Chile, procedimos a efectuar llamadas telefónicas para confirmar, de fuente directa, la veracidad de la noticia. Para sorpresa nuestra, después de alguna confusión, era el mismo Pedro Rosas que emergía al otro lado de la línea para decirnos: “Este es un triunfo que no sólo me concierne a mí, sino a todos los que lucharon por mi libertad. Muchas gracias a los compañeros de Berlín que me acompañaron en este largo y difícil camino”?.

Así, Pedro Rosas, de 39 años de edad, padre de 2 hijos, profesor de Estado en Historia y Geografía y ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) obtuvo su libertad, ese día viernes 7 de marzo, después de 11 años de duro encierro carcelario y de estricto aislamiento político, nunca antes conocido en la historia de la prisión por causas políticas en Chile, incluso ni durante la era de Pinochet.

Al momento de su detención por efectivos de la policía civil, en marzo del año 1994 en la ciudad de Osorno (ciudad en la X región, en el sur de Chile), Pedro Rosas era estudiante de la carrera pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad los Lagos. Luego de ser interpuesto ante la fiscalía militar de la X región fue acusado por la planificación y ejecución del asalto a una sucursal financiera en dicha cuidad. Por este caso fue acusado, en última instancia, de formar, participar y financiar grupos de combate. Sin embargo esa causa fue sobreseída, por falta de pruebas, luego de 8 años de cárcel.

A pesar de eso, Pedro Rosas fue condenado por colocación de artefactos explosivos a 5 años y un día; y por tenencia y transporte ilegal de armas y explosivos a 3 años y un día. Después de estar dos años recluido en la cárcel pública de Osorno, fue trasladado a la CAS de la ciudad de Santiago, poco tiempo después de haber sido inaugurada por el gobierno de Patricio Aylwin.

En la ciudad capitalina se vio enfrentado a otro proceso que lo inculpaba de haber participado en dicha ciudad en una acción militante con el objetivo de recuperar recursos económicos para su organización. Esta vez, fue acusado por la fiscalía militar de la región Metropolitanade por infringir la ley de seguridad interior del Estado, aparte de que las penas anteriores le fueron reconfirmadas. Después de un largo, arbitrario y engorroso proceso, los jueces militares lo condenaron, el año 2000, a una pena de 20 años y un día, que le fue sumada a la pena anterior. Pedro Rosas debería, entonces, cumplir una pena total de 28 años en prisión.

No debemos olvidar que Pedro pasó parte de su niñez y la mayor parte de su juventud bajo la dictadura de Pinochet. Así la nuevas circunstancias que imperaban en el país lo obligaron, a él como a otros jóvenes chilenos, a tomar las armas para combatir, según su convicción democrática, a uno de los regímenes más sanguinarios de América Latina.

A fines de la década del 80, la clase política chilena, disidente al régimen militar, estaba dispuesta a negociar una salida política “pactada”? que, en ese entonces, no era otra cosa que someterse de manera casi incondicional a las parametros que le imponían los militares y la derecha económica y política chilena, como por ejemplo, respetar incondicionalmente la constitución del 80 y la ley de amnistía, que daba impunidad a todos los violadores de los derechos humanos, entre otras. En estas circunstancias, Pedro Rosas, se decide, junto a otros militantes de la izquierda revolucionaria chilena, en su mayoría jóvenes, a no bajar las armas hasta que en Chile se dén las condiciones que garanticen la democratización real de la sociedad.

En otras palabras, lo que querían estos militantes rebeldes era deshacerse de manera real y efectiva de la herencia institucional y política de la dictadura, es decir, de los obstáculos que impedían transitar hacia una plena democracia. Con este objetivo, esperaban éstos –casi de manera axiomática- que gran parte de la sociedad, o por lo menos que los sectores que más habían luchado durante la dictadura no se dejaran engañar y exigieran los cambios que requería la época. A corto plazo esta tesis no fue certera, incluso ni la sociedad supuestamente organizada, ni la izquierda chilena respondió a sus supuestos. O quizás aquéllas no estuvieron, simplemente, en condiciones de responder a tales exigencias. El tiempo dirá, sí los fundamentos de tal tesis, por lo demás, fracasada en aquel entonces, encuentran, a largo plazo, algún nivel de valoración y justificación, en función de la influencia, que pudieron haber ejercido, o no, sobre el proceso democrático chileno.

Pedro Rosas no se encontraba sólo durante el tiempo que cumplió su condena. Él compartió tal suerte junto con más de 60 prisioneros políticos, quienes eran, en su mayor parte, militantes de Mapu Lautaro (ML), y en segundo término, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). También otros tres militantes de su organización política, es decir del MIR, lo acompañaron en su encierro.

La prisión política en Chile y, por lo tanto, el trabajo político por la libertad en los 90, incluso hasta el día de hoy, se han visto dificultados y agravados por algunos hechos que circundan a la sociedad chilena. Chile venía saliendo a comienzo de los 90 de un largo período dictatorial (17 años) que dejó graves secuelas en la sociedad. Existía, y en cierto modo aún sigue existiendo, mucho miedo por parte de la sociedad de enfrentar el pasado, lo que se veía agravado por la necesidad oficial, casi imperativa, de superarlo todo rápidamente. Este miedo, además, ha sido infundido principalmente por los medios de comunicación e instituciones políticas y empresariales de la derecha chilena, las que se encargaron en aquella época, y muy consecuentes a su vocación antidemocrática, de difundir la idea de que volvería el “caos”? una vez restablecida la democracia.

La ambivalencia y titubeo de enfrentar el papel jugado por el Estado y sus instituciones represivas en la violación de los DDHH en la reciente historia de Chile era observable en la clase política, en especial, en la de la Coalición de Partidos por la Democracia –popularmente conocida como la Concertación- una vez instalada en el gobierno. Ésta en lugar de impulsar la democracia en Chile, frenó su desarrollo, debido, en parte, al temor imperante pero, por sobre todo, a los acuerdos y pactos secretos que había contraído con la extrema derecha y las FFAA chilenas.

Bajo este contexto, la política se volvió pragmática y aburrida. Ha perseguido despolitizar implicitamente a la gente, limitándose y reduciéndose a los aspectos más formales y burocráticos. Esta política tuvo un efecto nefasto en materia de DDHH. Se buscó, oficialmente, sellar lo más rápido posible el pasado. Se pretendió, a lo más, reconocer simbólicamente a las víctimas, pero por sobre todo, otorgar impunidad a los victimarios. Así, casi de manera grotesca, los gobiernos de la Concertación han estado empeñados en infundir y difundir, en la sociedad y en la comunidad internacional, la idea a que el Estado, sus instituciones y la sociedad chilena estarían arribando a la meta de restablecer plenamente la democracia en Chile.

En este contexto, supuestamente, no debían haber, movimientos políticos que cuestionasen el proceso, por un lado, ni tampoco debían existir prisioneros políticos en democracia, por el otro. Con este afán, se hizo todo lo posible para lograr este objetivo. Por ejemplo, se creó la Oficina del servicio de inteligencia directamente ligada al gobierno, para desarticular a los grupos y a las organizaciones de izquierda aún existentes que venían ofreciendo resistencia y cuestionando la transición a la democracia, por cierto, consensuada dentro del marco de la constitución política del 80. Con ello se buscaba, además, asociar las acciones militantes, política y mediáticamente, a objetivos asociales y “terroristas”?, ocultando o negando el trasfondo histórico y los objetivos políticos de éstas.

Así, a comienzos del 94, se puso en funcionamiento la Cárcel de Alta Seguridad, CAS, primera en su tipo en la historia de Chile. Esta fue construida, a semejanza de las existentes en España y en Alemania, con el objetivo de privar de libertad a los sujetos que pretenden enfrentar la brutalidad de la injusticia social y del sistema económico en Chile y con ello la institucionalidad y legalidad supuestamente democráticas sobre las cuales se sustentan tales injusticias.

Con este “moderno”? sistema de reclusión, se ha intentado, someter a los prisioneros políticos a un aislamiento severo, tanto de la sociedad, como de sus demás compañeros en prisión. La CAS ha significado poner en marcha un sistema carcelario riguroso, que buscó imponerse, a partir de entonces, bajo extrema vigilancia de monitores, cámaras, etc., limitando además las visitas sólo a los miembros familiares más directos. Pero a pesar de que la CAS fue diseñada, tanto en su aspecto organizativo, como a través de su arquitectura (más de doce puertas electrónicamente centralizadas se requieren traspasar para llegar a los módulos de reclusión, que casi no poseen visualidad hacia el exterior) para destruir y aniquilar toda intención de resistencia, las manifestaciones de protesta de los presos se mantuvieron e incrementaron, con el tiempo, en ella. En los hechos, la CAS no logró imponerse como sistema de “re-socialización moderno”?, ya que desde un comienzo todas las medidas disciplinarias fueron fuerte y tenazmente resistidas por parte de los prisioneros.

Más aún, los amigos, compañeros, familiares, organizaciones de DDHH y grupos políticos que, desde el comienzo, se solidarizaron con los prisioneros políticos, no sólo tuvieron que lidiar con la arbitriaridad del Estado y con la indiferencia de la sociedad chilena, sino que también tuvieron que enfrentar la estigmatización de sus demandas. La CAS ha sido, en tal sentido, el intento de detener los últimos movimientos de la rueda de la historia.

Chile fue considerado por la comunidad internacional, casi inmediatamente después de que Pinochet entregará el mando al elegido Presidente Patricio Aylwin en 1990, como un país en transición a la democracia. Este hecho limitó cualquier tipo de crítica a la política oficial, en especial en materia de DDHH, que obstaculice una rápida integración de Chile al ámbito mundial y, con ello, que dificulte a las transnacionales la posibilidad de hacer negocios con la clase empresarial chilena y con las FFAA (por ejemplo, comercio de armas). La participación de inversionistas extranjeros, debía, así mismo, incentivarse, ya sea en las áreas más prósperas de la economía nacional, o a través de la privatización de los sectores públicos. Esta política coincidió además con dos hechos. Primero, con la crisis del movimiento de solidaridad internacional, en nuestro caso, con la crisis de la izquierda alemana. Y segundo, coincidió con el hecho de que Chile, al igual que otros países latinoamericanos, Nicaragua, el Salvador, e incluso Cuba, ya no proyecta las expectativas de cambio tan arraigadas en la esperanza de los sujetos políticos, en particular, de aquellos que se encuentran impotentes de llevar adelante los cambios que requieren sus sociedades.

En este “nuevo”? contexto político, nacional como internacional, surge en 1997 el grupo de solidaridad con los presos políticos Chile-Berlín, primero con el objetivo de contribuir a la libertad de Pedro Rosas en virtud de relaciones ya existentes, para después en el transcurso de su consolidación y de un largo proceso de discusión, asumir el trabajo de solidaridad por la libertad de todos los presos políticos en Chile. La primera aparición pública del grupo tendrá lugar en la ciudad de Münster el año 1998 en el marco del seminario “25 años del golpe militar en Chile”?, organizado por la revista Solidaridad y la iglesia evangélica alemana. A este evento asistieron renombradas personalidades del mundo intelectual, de DDHH y político tanto de Chile como de Alemania. Entre estos participaron Fabiola Letelier (ex Presidenta del CODEPU), Manuel Cabieses (director de la revista chilena Punto Final), Tomas Mullian (distinguido intelectual chileno y posible candidato presidencial por el PC en las próximas elecciones presidenciales del 2006), Luis Vitales (destacado historiador marxista argentino, radicado en Chile hace más de 40 años) y Johannes Agnoli (distinguido intelectual de izquierda italiano-alemán y por mucho tiempo profesor de la Universidad Libre de Berlín, quien lamentablemente falleció el año 2003), entre otros.

El grupo de solidaridad que hizo publica la demanda de la libertad de los presos políticos en aquella oportunidad, se debió enfrentar a los prejuicios existentes que en tal momento dificultaban la solidaridad con la problemática de la libertad. En esa ocasión se nos hizo patente, lo que suponíamos de manera teórica, las dificultades y los peligros de estigmatización que una empresa –hoy en día por lo menos- de esta envergadura significaba. Incluso el Centro de Documentación y Investigación Chile-Latinoamérica (FDCL), institución que tuvo su origen inmediatamente después del golpe militar del 73 y donde nos reuníamos para planificar nuestras actividades, observaba nuestros objetivos políticos con cierto resquemor. Por lo menos así lo percibíamos. En el transcurso del tiempo se fueron limando algunas dudas y desconfianzas mutuas, lo que se manifestó no sólo en el apoyo logístico (acceso a la infraestructura: Computadores, fax etc., disposición de los espacios disponibles: sala de reuniones, de conferencia etc.), sino que sobre todo recibimos el apoyo institucional del FDCL, firmando nuestras campañas, poniendo a nuestra disposición contactos personales e información relevante que contribuyera al éxito de nuestro objetivo.

No todo fue adverso al comienzo. Por el contrarío, hubo un hecho que contribuyó a que se comience a cuestionar la impunidad en materia de DDHH, instalada y sellada institucionalmente, a que el sentimiento de impotencia imperante en la sociedad chilena –en especial de quienes venían luchando contra la impunidad y el olvido- se fuera revirtiendo. Pero por sobre todo, este hecho contribuyó a que el tema y las exigencias por la libertad de los presos políticos se hicieran públicas, a que las arbitrariedades legales –dobles procesos, fiscalías militares, penas excesivas- que éstos (muchos de ellos muy jóvenes al momento de su detención) enfrentaban, comenzaran a ser percibidas por la sociedad, en especial por los más jóvenes. Nos referimos a la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en la ciudad de Londres el año 1998, quien se mantuvo bajo arresto durante un período de dos años hasta que en al año 2000 fue extraditado a Chile a petición y bajo una fuerte presión del gobierno, de la justicia, de la derecha y los empresarios chilenos.

Durante estos dos años se puso, determinantemente, en evidencia el carácter consensuado de nuestra democracia, y, por consiguiente, la fragilidad de ésta, sobre todo, mientras la impunidad estuviese garantizada por ley. La detención de Pinochet  fue muy importante, pero no decisiva, por lo menos al comienzo, para relativizar el contexto, por cierto muy polémico, bajo el cual había tenido lugar, hasta ese momento, la prisión política en Chile. No obstante, contribuyó y nos permitió contribuir a que la sociedad, los medios de comunicación y la clase política, incluso la derecha política, tengan que reconocer la existencia de presos políticos en Chile. Permitió y favoreció a que se reconociera el “error jurídico”? en la aplicación de la ley antiterrorista y de la ley de infracción de la seguridad interior del Estado por parte del creador intelectual de éstas, del señor Cumplido (Ministro de justicia durante el gobierno de Aylwin).

Dio lugar, además, a que se impulsará la iniciativa legal por parte de la iglesia católica a través de monseñor Baeza (Vicario de la Pastoral Obrera) y de algunos parlamentarios de la concertación y de la derecha – en particular de la Unión Democrática independiente (UDI)- con el objetivo de facilitar la libertad de los presos políticos afectados por la aplicación arbitraría de tales leyes. Aunque esta última, la UDI, a pesar de insistir en el afán “humanista”? que la movía a apoyar tal iniciativa, en el transcurso de las negociaciones, hizo explícitas las condiciones de su apoyo. Es decir, como condición exigía la UDI la creación de una ley punto final para cerrar de manera inquebrantable los procesos, y con ello toda posibilidad legal, contra los militares involucrados en violaciones a los DDHH.

Finalmente después de largas negociaciones, incluso del peligro constante de que esta iniciativa fracase, se aprobó en Agosto del 2004 en el parlamento un proyecto de ley con el objetivo de rebajar la pena para todos los prisioneros políticos. Mediante esta ley pudieron acogerse seis prisioneros a dicha ley y acceder a la libertad en forma inmediata. Otros siete prisioneros, pudieron sólo acceder a beneficios intra penitenciarios debido a la rigidez con la que ésta fue formulada. Ésto ha significado un camino más paulatino hacia la libertad. Sin embargo, otros seis prisioneros políticos quedaron lisa y llanamente excluidos de los “beneficios”? de la ley por habérsele aplicado la ley antiterrorista.

El trabajo político por la libertad de Pedro Rosas y los demás presos políticos se dio dentro de un proceso complejo, y en muchos casos muy contradictorio, por la diversidad de las estrategías y las intenciones políticas de todos los actores involucrados en el tema. Por consiguiente, luchar por la libertad requirió de mucha fantasía y audacia, y más de alguna vez también de uno que otro dolor de cabeza.

El objetivo nuestro no sólo era colocar el tema dentro de la comunidad chilena, sino también sensibilizar y ganar la solidaridad de la sociedad alemana, pero por sobre todo, ganar el apoyo, en casi todas sus variantes, de las organizaciones políticas, incluída la izquierda. Paralelamente a este objetivo y debido a que en el Chile de los 90 las organizaciones de DDHH no estaban prestando apoyo jurídico a los prisioneros políticos, nos pusimos como meta financiar la asistencia jurídica de Pedro Rosas y dos presos políticos más. Porque de no contar con esta ayuda, se corría el riesgo de que sus procesos se extiendan en el tiempo -a veces por más de 10 años, como sucedió en algunos casos-, con las efectos fatales que ello acarrea, que implican, entre otras cosas, penas desmesuradas y otras arbitriaridades. Pero a pesar de haber asumido tales estrategias, el objetivo central de nuestro trabajo era lograr, dentro del menor tiempo posible, la libertad de Pedro Rosas y la de los demás presos políticos. Para alcanzar todos estos objetivos se realizaron fiestas, conciertos de solidaridad y diferentes actos y asambleas públicas para difundir la realidad política chilena.

La campaña por la libertad de Pedro Rosas en aquel entonces –a comienzos del 99- asumió un carácter más decisivo, cuando se hizo público que éste estaba afectado por un cáncer testicular producto de la tortura y el mal trato recibido durante su reclusión. En particular, esta se intensifica cuando el Instituto Médico Legal confirma la gravedad de su dolencia e incluso determina que a mediano plazo existía la posibilidad de pérdida de vida.

Pero por sobre todo, se agudiza la campaña, cuando el gobierno y a las autoridades de la gendarmería de Chile, insensibles a la gravedad de la situación, minimizan, incluso, retardan la posibilidad de un tratamiento médico oportuno. Sólo gracias a la presión nacional como internacional de personalidades políticas e intelectuales, de organismos de DDHH, como por ejemplo Amnesty International y de los numerosos activistas, especialmente desde Alemania, fue posible que Pedro Rosas reciba el tratamiento necesario, por cierto muy limitado por las condiciones carcelarias en que tuvo lugar dicho tratamiento. Superada la crisis de la gravedad de la enfermedad, se continuó de manera “normal”? el trabajo solidario por la libertad.

Es de anotar, adicionalmente, que Pedro durante su cautiverio acreditó su profundo sentido de superación y su talento para las ciencias sociales. En forma excepcional, con la autorización de la Universidad de Los Lagos y gracias al apoyo directo de las personas que lo rodeaban en aquel entonces, continuó y coronó sus estudios de Historia y Geografía, recibiéndose, el año 2002, como Licenciado y Profesor de Enseñanza Media. Su tesis final y los exámenes correspondientes fueron asesorados por dos connotados historiadores chilenos: Gabriel Salazar y Sergio Gres. Asimismo, el año 2004, se publicaron los dos libros escritos por Pedro Rosas durante su permanencia en la CAS: “Derechos Humanos en la transición. Tortura y Prisión Política, 1990-2004”? editado por la Corporación Ayún y “Rebeldía, subversión y presión política. Crimen y Castigo en la transición chilena 1990-2004”? que fue publicado por LOM-Ediciones, y que merecieron menciones y críticas positivas por parte de la prensa y el público especializado. Estos esfuerzos personales finalmente le permitieron ganarse el respeto y la simpatía de muchos intelectuales chilenos e internacionales. Actualmente realiza sus estudios de Magister en Historia y Ciencias Sociales, en la Universidad ARCIS de Santiado. La comunidad internacional vio con mucho interés estos logros de Pedro Rosas e intensificó su apoyo a las campañas por su libertad.

Así, se realizaron manifestaciones frente la embajada chilena en Berlín, y en cada momento que alguna figura política del quehacer político chileno visitaba la ciudad de Berlín, por ejemplo, Ricardo Lagos, Michelle Bachelett etc. movilizábamos a los actores más sensibles y comprometidos de la comunidad chilena y alemana para saludarlos con nuestros lienzos, pancartas y nuestros gritos que alucian: “Libertad a los presos políticos en Chile”?. Además, se organizaron campañas a nivel europeo por la libertad de los presos políticos. Una de las más significativas fue la realizada por la libertad de la Marcela Rodríguez, así como también contra la isolación humana y política de los presos políticos. Entre éstas tuvo lugar, por ejemplo, el envió masivo de tarjetas dirigidas a los prisioneros recluidos en la CAS.

El año 2002 viajó una delegación internacional a Chile, en la que participaron estudiantes alemanes y destacadas figuras de la política alemana con el objetivo de revertir el aislamiento político y allanar el camino hacia la libertad. La delegación tuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno chileno, con las autoridades de la gendarmería y de la iglesia católica, quienes en tal oportunidad, y dado el rango político de la inesperada visita, se vieron obligados a reconocer la existencia de excesos, irregularidades y arbitrariedades a que habían sido sometidos los prisioneros políticos en Chile. También se efectuaron encuentros con representantes de las diferentes organizaciones de DDHH chilenas, como abogados ligados a la temática y organizaciones sociales y políticas comprometidas con la libertad de los presos políticos. En esa ocasión, además, los miembros de la delegación visitaron la CAS, participaron en encuentros públicos de intercambio en materia de DDHH, y otorgaron  entrevistas a los medios de comunicación masiva, y cuando fue posible, participaron también en otro tipo de actividades públicas.

Contar aquí cada una de las actividades políticas y culturales alternativas (tokatas, conciertos, difusión de grupos alternativos musicales sensibles con la temática a través de edición de CDs etc.) que tuvieron lugar durante más de seis años de trabajo solidario, escapa al objetivo de este pequeño informe. El objetivo de éste no es otro que poder compartir con todos ustedes este gran triunfo producto del trabajo solidario, pero, por sobre todo, agradecer a toda la gente, a todos los militantes y militantas y a las organizaciones políticas, estudiantiles y de DDHH, tanto chilenas como alemanas, que contribuyeron a alcanzar ese gran objetivo: la solidaridad con los presos políticos en Chile y la libertad de Pedro Rosas.
 
Estamos consiente que lamentablemente la alegría y el triunfo por la libertad de Pedro son parciales, ya que en la CAS aún permanecen seis prisioneros políticos, Julio Peña, Hardy Peña, Rene Salfate, Pablo Vargas, Claudio Melgarejo y Fédor Sánchez, los que no se han podido acoger ni a la ya citada ley de indulto, ni a la benevolencia del Presidente de la República. En los casos de René Salfate y Julio Peña no existe impedimento burocrático alguno que impida el indulto presidencial, sólo se requiere la voluntad política por parte del Gobierno. Mientras que para indultar a Pablo Vargas, Hardy Peña, Claudio Melgarejo y Fédor Sánchez; se requiere un proyecto de ley especial por estar inculpados por la ley antiterrorista.

No obstante que han transcurrido más de siete meses desde que Gobierno se comprometió, a patrocinar un proyecto de ley, frente a este hecho de injusticia, para quienes no pueden acceder al indulto presidencial; no ha habido voluntad política por parte del Ejecutivo, ni del Legislativo para agilizar la promulgación de dicha ley. Esta indeferencia nos parece aberrante e inhumana si se considera que estos compañeros ya llevan casi quince años en prisión.

Independientemente de la poca seriedad del Gobierno para sellar esta injusticia, estamos convencidos que mientras siga existiendo el modelo económico imperante y un sistema social y político excluyente continuará habiendo injusticia social y, por consiguiente, luchadores sociales y políticos, los que correrán siempre el peligro de ser encarcelados por gobiernos represores, en otras palabras, se seguirán construyendo cárceles de alta seguridad. Por consiguiente, los invitamos a estar atentos para que esto no ocurra y no siga ocurriendo. Pero por sobre todo, y de manera más inmediata, los queremos llamar a seguir luchando por la libertad de los compañeros recluidos en la CAS para que sea un triunfo “total”? y no “parcial”?.


 

 

Afectuosamente el ex-Grupo de solidaridad con los pres@s polític@s Chile-Berlín, FDCL-Berlín.


Berlín, 30.03.2005


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