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0. Introducción

Al inicio del año 2007, se realizaba la consulta general sobre el mandato de la Comisión Europea por las negociaciones con Centroamérica y los Países Andinos sobre los llamados ‘Acuerdos Globales de Diálogo Político y Cooperación’ que abarcarán también tratados de libre comercio e inversiones con ambas regiones. Pese a las grandes asimetrías entre las contrapartes, la Comunidad Europea sigue la línea de la apertura comercial y la priorización de los temas de Singapur de la OMC.
En el siguiente documento se analiza los trasfondos de las negociaciones y las distintas valorizaciones del estatus actual de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica (CCEE-SICA, Sistema de Integración Centroamericano y SIECA, Sistema de Integración Económica Centroamericano) y con la Comunidad Andina (CCEE-CAN, Comunidad Andina de Naciones y SAI, Sistema Andino de Integración).

Este estudio se basa  fundamentalmente en el análisis de distintos documentos y debe servir como apoyo para comprender las implicaciones complejas de la política comercial de la CCEE, además se da un énfasis especial al aspecto de la coherencia y de la cohesión social.

Cabe mencionar que en en la actualidad, se evidencia que las relaciones de la CCEE con ambas regiones, están acompañadas por unos procesos muy notables en América Latina.

1. El fracaso provisional de un acuerdo de los EEUU con los países latinoamericanos a través de la estrategia denominada ”?rea de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que se manifestó en la cumbre de los jefes de gobiernos de los estados americanos en Mar del Plata, Argentina en noviembre de 2005.

2. La salida de Venezuela de la Comunidad Andina proclamada en Abril de 2006 y su afiliación como miembro de primer grado en el MERCOSUR. La iniciativa del gobierno brasilero para incluir a Bolivia como miembro formal, hecho que se concretó en la Cumbre en diciembre de 2006.

3. Distintas iniciativas alternativas para la integración regional del gobierno de Venezuela (ALBA, Alternativa Bolivariana), acuerdos para la cooperación petrolera entre empresas con participación estatal (Petrosur) y el tratado de cooperación entre Venezuela, Cuba y Bolivia (TCP, Tratado de Comercio entre los Pueblos).

4. El aumento de voces críticas, frente a las políticas de libre comercio en América Latina. Por ejemplo, por parte de algunos gobiernos latinoamericanos y actores de la sociedad civil por un lado - y la polarización fundamental dentro de las sociedades latinoamericanas por otro lado. Esto se manifiesta en el refuerzo y la confluencia de fuerzas neoliberales en Costa Rica, Colombia, Perú y México, y por la polarización violenta dentro de las sociedades latinoamericanas. Un ejemplo de ello es la conformación de plataformas de fuerzas de seguridad estadounidenses, representantes de las fuerzas oligarcas nacionales, empresas multinacionales (incluso algunas europeas con el respaldo de fundaciones políticas europeas) y fuerzas paramilitares (específicamente en Bolivia y Venezuela) apoyadas por distintos actores políticos de la CCEE, según el ejemplo de la alianza antigubernamental en Chile de 1973.

Este documento trata el proceso actual de las negociaciones de la Unión Europea sobre los Acuerdos de Asociación con Centroamérica y la Comunidad Andina en el contexto de los Acuerdos Globales EU-Chile y EU-México y de las negociaciones en el contexto de las negociaciones entre la CCEE y el MERCOSUR. Mientras que el término de la ‘coherencia’, hace referencia al balance de distintos aspectos de la asociación y cooperación de la CCEE, el término de la ‘cohesión’ social se refiere directamente al impacto en los países contrapartes con los cuales se pretende firmar acuerdos de asociación.

Partiendo de trabajos anteriores del FDCL sobre la región MERCOSUR, se plantean conclusiones para el análisis de temas relacionados con las regiones CAN y SICA. Para esto se analiza las distintas estrategias, las aspiraciones normativas, los escenarios, el interés de los distintos actores y los posibles impactos.


1. Estatus general de los acuerdos de la CCEE con las regiones SICA y CAN

En el transcurso del primer semestre de este año la Comisión Europea comienza a negociar con las regiones CAN y SICA sobre los llamados ‘Acuerdos Globales’ con base en sus criterios establecidos en noviembre de 2006 y aprobados por los correspondientes órganos políticos en enero  de 2007. Desde el año 1971 la CCEE otorga a países de ambas regiones distintas preferencias arancelarias en el contexto de su Sistema General de Preferencias (SGP), conforme a las decisiones de la Conferencia de las ‘Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo’ (UNCTAD) del año 1968. El SGP en su forma actual fue renovado en el año 2005 y está en vigor desde el 2006 (entre otros componentes abarca el elemento del dicho SGP+)
El SGP anterior abarcaba cinco distintos mecanismos. A los cuales pertenecieron las preferencias específicas para países que participan pro-activamente en la lucha contra el narcotráfico. El SGP benefició a 178 países con más de 7.000 bienes, por un periodo de casi 10 años, entre 1996 y 2005, con una tarifa arancelaria promedia entre 45 y 55%.
En Julio de 2004, la Comisión de la CCEE presentó al parlamento y al Consejo Ministerial una propuesta por un nuevo SGP que entraba en vigor, a partir del año 2006 hasta el 2015 (Comission of the European Communities, COM(2004) 461 final).
Dentro de esa propuesta fue estipulada una reducción de los cinco mecanismos a tres, reducidas tarifas arancelarias promedias para países en vía de desarrollo (Low Development Countries) y un SGP+ para distintos productos, que permita la importación de bienes a una “tarifa arancelaria cero”?, siempre y cuando se tomen medidas de lucha contra el narcotráfico y cuando se cumplan estándares medioambientales y sociales según criterios internacionales. Acerca de los estándares sociales, el beneficio según el SGP+ requiere la ratificación de los acuerdos internacionalmente reconocidos, como llas 27 convenciones de la OIT (entre las llamadas normas laborales núcleos de la OIT, donde pertenecen explícitamente las convenciones 87 y 98 sobre la ‘Libre Organización Colectiva’ y ‘la Libre Negociación Colectiva)’. Según artículo 9 de la propuesta del SGP+, los países que todavía no cumplían estos criterios, debían ratificar todas las convenciones correspondientes hasta el final del año 2006. A este grupo de países pertenecía por ejemplo El Salvador.
En febrero de 2005, se presentó la propuesta de la Comisión Europea al parlamento. El reportero Antolín Sánchez Presedo (de la PSOE de España) presentó acto seguido una propuesta regulativa especial para países, que no hayan ratificado por lo menos dos convenciones núcleos de la OIT. Según el Comisario de Comercio de la CCEE habría aludido inmediatamente a El Salvador (Informe PPT sobre el caso de la empresa Calvo: www.peoplesdialogue.org). La Comisión de la CCEE consideraba otorgar temporalmente las preferencias del nuevo reglamento del SGP a El Salvador sin exigir que este país haya ratificado hubiera ratificado las dos convenciones de la OIT. De hecho, esto ya se hizo posible a través del reglamento del Consejo Ministerial del 27 de junio de 2005 (EC No 980/ 2005 del 27 de junio 2005). La Comisión CCEE decidió el 21 de diciembre de 2005 otorgar provisionalmente a 15 estados (con problemas laborales) los beneficios arancelarios como estímulo para el desarrollo sostenible y la buena gobernalidad (Commission Decision 2005/924/EC). Sin embargo, el 25 de agosto de 2006 el parlamento de El Salvador decidió (presionado por la política del euro-parlamento y de la misma empresa transnacional Calvo) el reconocimiento y la ratificación de las correspondientes convenciones de la OIT y su transformación en la legislación nacional (véase Comentario de FESPAD sobre la ratificación de las convenciones de la OIT 87, 98, 135 y 151: FESPAD 2006).
A los países que caen bajo el SGP pertenece el grupo SICA con Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y los países de la CAN (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia). Por el momento, las actuales reglas del SGP+ están vigentes hasta el final del año 2008. Simultáneamente tiene lugar un proceso de revisión y modificación para el periodo entre el año 2007 y el año 2013.
Pese a que el SGP es un instrumento que se basa en los principios de la UNCTAD, para los países exportadoras hacia la CCEE se trata de una mecanismo arancelario bilateral, que a veces se ve enfrentado con ciertas criticas que lo califican como un iinstrumento proteccionista. También, la estructura del SGP corresponde estrictamente a las reglas de la OMC. Desde el inicio del SGP, las críticas se justifican con la exclusión de distintos bienes medio-procesados, materias primas procesadas y por el acceso restringido para productos agrarios.
Frente a esto, los Acuerdos Globales entre grupos de países y la CCEE son instrumentos de una integración inmediata, aunque también consolidan relaciones comerciales asimétricas. Por lo tanto, distintas prioridades de desarrollo deben servir como medidas flanqueadoras (‚Desarrollo Sostenible’ y ‚Buena Gobernalidad’). Pero estos principios están subordinados bajo las prioridades de la CCEE según una estricta jerarquía de los distintos niveles políticos (por ejemplo los objetivos de la cooperación externa con los EEUU son indudablemente prioritarios en América Latina frente a los principios de desarrollo).
Los actuales acuerdos relevantes de la CCEE con América Latina son el resultado de la estrategia regional de integración reforzada de la CCEE, cuyas etapas más notables son:
El TLC entre México y la CCEE firmado en julio de 2000, el renovado ‚Acuerdo Global sobre Colaboración Económica’, y el renovado ‘Acuerdo Global sobre Colaboración Económica, Coordinación Política y Cooperación’ de octubre de 2000;
El Acuerdo de Asociación CCEE-Chile del 1ro de marzo de 2005;
Las negociaciones con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay – y desde el 2006 Venezuela) sobre un Tratado de Asociación desde 1999.
Los acuerdos de cooperación con los estados de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú) y con los estados de Centroamérica  (Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador y Belice), firmados el 15 de diciembre de 2003.

Cuando se analiza los acuerdos arriba mencionados se debe enfatizar, que la integración bi-regional tiene un carácter procesal. Conforme a esto, se acordó el fortalecimiento de las negociaciones con base en la agenda establecida en las cumbres en Río de Janeiro, Madrid, Guadalajara y Viena. Por lo tanto, en el año 2004 se conformó un grupo de trabajo bi-regional.

SICA (Sistema de Integración Centroamericano) y SIECA (Sistema Económico de Integración Centroamericano)
El Sistema de Integración Centroamericano partió de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y fue puesto en vigor con la ratificación de la carta conjunta de San Salvador de 1951.
La integración económica en Centroamérica comenzó en 1960 con el ’Tratado General sobre la Integración Centroamericana’ en donde participaron El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y además desde 1963 Costa Rica. La responsabilidad administrativa y de establecimientos de conceptos de por este proceso, se le delegó al ‘Secretariado Centroamericano para la Integración Económica’ (SIECA). En ese tiempo, la responsabilidad del secretariado consistió en el fomento del desarrollo industrial y la expansión del mercado centroamericano. Estas acciones hicieron parte de la estrategia de substitución de las importaciones.
El actual Sistema de Integración Centroamericano SICA/ SIECA fue fundado por los estados ODECA con el protocolo de Tegucigalpa de 1991 y entró en vigor en 1993, con la ratificación del protocolo de Guatemala (Tratado General de Integración Económica Centroamericana). Con esto, el grupo SICA / SIECA tuvo el mandato de ser contraparte para las negociaciones con la CCEE.
El existente acuerdo macro sobre cooperación de 1993 se reemplazó por el ‘Acuerdo de Asociación’ de mayo de 2002 en la cumbre CCEE- América Latina de Madrid. El mencionado ‚Acuerdo sobre Diálogo Político y Cooperación’ fue firmado por las contrapartes el 15 de diciembre de 2003 en Roma. Con este acuerdo ambos lados pretenden explícitamente una asociación con un tratado de libre comercio. Conforme a esto, se convierte en una prioridad el libre comercio en la propuesta de un nuevo documento estratégico de la CCEE para Centroamérica para el periodo 2007 a 2013.
Los actuales acuerdos radican en el referido ‘Dialogo de San-José’ entre la CCEE y Centroamérica de 1984, que fue una de las condiciones previas por la participación de la CCEE en el proceso de la finalización de las guerras cívicas en Centroamérica.
En la cumbre de Viena de mayo de 2006 se acordaron negociaciones concretas sobre el Acuerdo de Asociación, con el componente de libre comercio para el transcurso del año 2007. La expectativa de la CCEE frente a los estados centroamericanos fue, en primera instancia crear las condiciones para una integración regional reforzada. Esto significaba la existencia de una Unión Aduanera, la protección de los servicios e inversiones y el establecimiento de un marco legal común para el trato de actividades económicas.

CAN (Comunidad Andina de Naciones) y SAI (Sistema Andino de Integración)
La Comunidad Andina (CAN) fue fundada en 1969 con el ‘Pacto Andino’. En la cumbre de 1996 de Trujillo fue agregado por un mecanismo institucional de integración (SAI: Sistema de Integración Andina). Ya el 1ro de octubre de 1992 se había acordado una zona de libre comercio entre Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador, a la cual se afilió Perú en 2005. Además, existe una unión aduanera entre Ecuador, Colombia y Venezuela. Con la fundación de la SAI y sus instituciones se expandió la agenda de la CAN a temas políticos y sociales. Sin embargo, con la declaración de retiro de Venezuela en el año 2006 se cuestiona la profundización del proceso de integración en la CAN.
El actual proceso negociador entre la CCEE y los países andinos radica también en el acuerdo de cooperación de 1993 que entró en vigor en 1998 y remplazó el acuerdo macro de 1983 (entre la Unión Económica Europea y el Pacto Andino sobre colaboración económica y política comercial).
Los elementos centrales de esa cooperación eran los principios democráticos y el cumplimiento en materia de Derechos Humanos. El nuevo acuerdo profundiza la cooperación sobre los temas “Cooperación para el Desarrollo”, “Refuerzo de la Integración Regional de los Países Andinos “, “Expansión Comercial”y “Mejoramiento de las Condiciones para la Inversión “.
En la cumbre de Madrid de 2002 ya se proyectó el comienzo de las negociaciones sobre diálogo político y profunda colaboración. Este acuerdo que también fue firmado el 15 de diciembre de 2003 en Roma, y agregando la ‘Declaración Conjunta sobre Diálogo Político’ del 30 de junio de 1996.
En un mitin entre representantes de la CCEE y de los gobiernos de la Comunidad Andina realizado el 12 y 13 de junio 2006 en Bruselas se tomaron decisiones claves con base en las recomendaciones del ‘Grupo de Trabajo Conjunto’ (establecido en la Cumbre de Guadalajara de 2004). Se acordó la aprobación agilizada del ’Acuerdo sobre Diálogo Político y Cooperación’ y la consideración de aspectos políticos y comerciales dentro del acuerdo.
Conforme a esto, el ‘Directorado General de la CCEE para las Relaciones Exteriores’ (EC Directorate General for External Relations) y el ‘Directorado para el Comercio’ (Directorate General for Trade) elaboraron en noviembre de 2006 una propuesta de directrices para las negociaciones con la CAN. Las instancias políticas de la CCEE otorgaron el mandato negociador a la Comisión al inicio del año 2007. En este momento se esperaba poder concluir las negociaciones hasta finales del año 2008.
Bolivia por su parte, presentó el 13 de junio de 2006 en la cumbre presidencial de la CAN en Quito un documento fundamental de 17 puntos con una posición de negociador común espectacularmente alternativa (Propuesta de Bolivia: Bases para un Acuerdo de Asociación CAN-UE en beneficio de los pueblos. Quito, 13 de Junio 2006). Aunque el documento no fue apoyado de los demás miembros de la CAN, las posiciones de Bolivia terminan influyendo el debate sobre el carácter de las negociaciones con la CCEE. Además, el nuevo gobierno de Ecuador bajo el mandato del presidente Rafael Correa de 2007 tiende a darle respaldo a las principales posiciones de este documento.
La propuesta de Bolivia contiene 17 puntos que abarcan: la protección de los servicios de las necesidades básicas y humanas (agua, electricidad, salud, vivienda, educación, pensiones y cultura), la protección de la propiedad de los terrenos nacionales, la prioridad de la soberanía alimentaría y la protección de los recursos naturales nacionales. Otro punto importante trata del aseguramiento de accesos a distintos mercados europeos y la protección de los mercados locales y de pequeñas empresas y pequeños productores (véase el documento bajo capítulo 3.2).


2. La primacía de la coherencia y de la cohesión social – el triple C

Los principios de la coherencia y de la cohesión social descienden directamente de la política de comercio exterior de la CCEE (véase FDCL Info-Bulletin N°2, Septiembre 2004.).
En el reporte anual del 2003 de la Comisión Europea por el Consejo y por el euro-parlamento sobre la política de desarrollo y cooperación externa, se enfatiza en el compromiso y la auto-obligación por la coherencia, coordinación y complementariedad de las políticas europeas relacionados a la política exterior, la política económica-comercial y la política de desarrollo (KOM(2003) 527).
El principio de la coherencia tiene un alto significado para nuestras siguientes consideraciones. Con la coherencia se trata del balance entre los distintos campos proyectados de la política y la coherencia social con enfoque a sus impactos concretos y a sus impactos esperados.
Según el documento estratégico de la CCEE sobre América Latina de abril de 2002, se concretiza la coherencia a través de las prioridades de la CCEE por la colaboración con América Latina en los campos del desarrollo sostenible, de la política comercial, de la lucha contra la pobreza y la marginalización social, de la prevención de conflictos y también en los siguientes temas centrales:
Fomento de la buena y democrática gobernabilidad, respeto de los Derechos Humanos, lucha contra discriminación y reconocimiento de los Derechos Sociales;
Reducción de la pobreza, lucha contra las desigualdades sociales y marginalización;
Colaboración en el área de la ecduación académica;
Establecimiento de directrices para el apoyo de emergencia y reconstrucción en situaciones de desastres,
Política energética y aplicación y cumplimiento del ‘Protocolo de Kyoto’ (European Commission 2002, 22).

En la víspera de la cumbre de 2006 de Viena se actualizó las directrices estratégicas de la CCEE para América Latina (Kommission der Europäischen Gemeinschaft 2006). En este documento la Comisión Europea plantea al Consejo y al Parlamento Europeo una estrategia revisada cuya evidencia se dio por la expansión de la colaboración con América Latina. En el marco de esa estrategia se prioriza la intensificación del diálogo político entre ambas regiones, la reanimación de la relaciones económicas y comerciales, la integración regional y la lucha contra las desigualdades y una mejorada coordinación de la cooperación por el desarrollo apropiado a las realidades de América Latina. La Comisaria para las relaciones externas Benita Ferrero-Waldner declaró: “Queremos profundizar la comprensión mutua y fomentar nuestro existente hermanamiento para crear nuevos diálogos y oportunidades para ambas regiones. Nuestra colaboración nos permite enfrentar mejor los retos del mundo globalizado y contribuir para la paz, la estabilidad y el desarrollo y la coherencia social, la democracia y nos permite profundizar la integración regional”? (Comunicado de la Comisión Europea, IP/05/155. 2005).

La estrategia actual se centra a los siguientes puntos claves:

colaboración reforzada a través de un conjunto de acuerdos de asociación y TLCs según los ejemplos México y Chile,

diálogo político para aumentar la influencia de ambas regiones a nivel internacional,
diálogos sobre cohesión social y cuestiones medioambientales,

la Comisión plantea la realización de foros sobre la cohesión social en un tiempo de de dos años y una cumbre de los Ministros de Medioambiente en donde se prepare las cumbres entre América Latina y la Comunidad Europea,

la creación de un marco firme y previsible que permita la atracción de más inversiones europeas y que a largo plazo contribuya al desarrollo económico;

la Comisión alienta al Banco Europeo de Inversión para implementar una “facilidad latinoamericana”?, que permite asegurar las redes infraestructurales con créditos (v. arriba).

Las fuentes referenciales de las cuales se constituye la pretensión de la coherencia y de la cohesión social son múltiples. Influenciadas por la pretensión política de Derechos Humanos y de la sostenibilidad del desarrollo se puede derivarlas del Tratado de Constitución de la Unión Europea (Tratado de Constitución/ Tratado de ”?msterdam). En artículo 131 se describe el rol de la política comercial: A través de la creación de la unión aduanera los estados miembros están comprometidos - correspondiente a sus intereses comunes - a contribuir al desarrollo armónico del comercio mundial, a la reducción sucesiva de las barreras del comercio internacional y a la disminución de los obstáculos tarifaríos (v. arriba);

Sin embargo en artículo 177 se enfatiza que la Política de la Cooperación la Comunidad Europea, es un complemento de las políticas de sus países miembros. Se fomenta el desarrollo económico y social sostenible de los países en vía de desarrollo, especialmente para los países más desfavorecidos y la integración armónica y sucesiva de los mismos en la economía global, comprometiéndose con la lucha contra la pobreza en países en vía de desarrollo.

”(2) La política de la Comunidad en este ámbito contribuirá al objetivo general del desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como al objetivo del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”?.

También la Comunidad y sus estados miembros declaran en el párrafo tercereo, que se cumplan sus obligaciones en el marco de las Naciones Unidas y de otras instancias internacionales (Tratado de la Constitución de la Unión Europea).

Es decir que la política comercial y económica externa coherente a artículo 177 y artículo 178 (obligación para el cumplimiento de las metas del desarrollo) no puede contrarrestar la lucha contra la pobreza y debe vigilar que sus acciones no atenten contra los Derechos Humanos correspondientes a los acuerdos internacionales. Conforme a esto, se evidencia una vigilancia política centrada en una  cuestión clave si las estructuras establecidas son apropiadas para cumplir esas metas y qué rol tienen los distintos actores en este proceso de la vigilancia. Además, se puede hacer referencia al artículo 3 del tratado de la Constitución de la Unión Europea en donde se exige que la unión da atención especial a la coherencia de todas sus medidas de la política externa (política externa, política de seguridad, política comercial y de desarrollo).
Como criterios actuales de la coherencia se puede hacer referencia a las decisiones de la Agenda 21, de la cumbre de Monterrey, de la agenda de Doha sobre el desarrollo, de la cumbre de sostenibilidad de Johannesburgo (WSSD) y de las Metas de Desarrollo del Milenio. En todas estas declaraciones se establece que el desarrollo social, el crecimiento económico y la protección del medioambiente son elementos claves de lla sostenibilidad. En este contexto damos énfasis especial a los compromisos con los Derechos Humanos Fundamentales estipulados en el Tratado de ”?msterdam de 1999 y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Cumbre de la CCEE de Niza (2000).

La `Declaración Conjunta hacia una Cooperación más firme entre la Comunidad Europea y América Latina’ del 27 de Abril 2006 puede ser considerada como paso concreto hacia la realización de los criterios de la coherencia y también las declaraciones de las cumbres de los jefes de gobierno de América Latina, del Caribe y de la Comunidad Europea de Rió de Janeiro del 28 y 29 de junio de 1999, de la cumbre de Madrid del 17 y 19 de mayo de 2002, del 28 y 29 de mayo de 2004 de la cumbre de Guadalajara y del 11- 13 de mayo de 2006 de la cumbre de Viena.
Además, en lo sucesivo se remite a las siguientes declaraciones:

el comunicado estratégico de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una cooperación intensificada entre la Unión Europea y América Latina, presentada por la IV. Cumbre CCEE – América Latina/ Caribe en Viena (KOM(2005)0636),

el acta final de la XVII. Conferencia Interparlamentaria de la Unión Europea – América Latina del 14 - 16 de junio 2005 de Lima.

Especialmente en la cumbre de Guadalajara de 2004 se trató el problema de la cohesión social (Commission of the European Communities 2004, 7). Pese a que América Latina tiene un ‘Producto Interno Bruto’ por encima de Europa Oriental, del Norte de ”?frica y de distintas regiones de Asia, la cuota de la población que vive en la pobreza es equivalente a un promedio del 44%, esencialmente más alto que en las regiones mencionadas. Conforme a con esto, la política de comercio exterior debe contribuir al equilibro y para la Lucha contra la pobreza. Además, se enfatiza que para la resolución de estos problemas, el nivel de la cohesión social debe ser una prioridad para América Latina (KOM(2005)0636).
El concepto de la cohesión social se refiere a los temas de la pobreza, de la desigualdad y de la exclusión social. Por primera vez la cohesión social fue considerada como prioridad de las relaciones CCEE - América Latina en esta cumbre.
Dentro de la agenda política de la Comisión Europea, la cohesión social está definida como un objetivo para prevenir erradicar la pobreza y exclusión, además de promover la integración y participación de todos en la vida económica y social (véase arriba)”?.
Los estándares sociales constituyen un sub-tema de la coherencia social. En 2003, la Comisión Europea aprobó las recomendaciones del Consejo Europeo relacionadas al tema ‘Comercio y normas laborales de la OIT’ e hizo referencia específica a las obligaciones de la política de comercio. En el comentario la Comisión Europea acoge con satisfacción las declaraciones del Consejo sobre Comercio y normas laborales (Comisión de la Unión Europea/ Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2003). En este contexto se plantea la delegación de la responsabilidad a terceras instituciones (como a la OIT). Esa estrategia corresponde con la misma política de la OMC que negó ser la instancia para tratar el tema laboral. Por lo tanto, la Comisión Europea plantea lo siguiente:

Fomento del diálogo efectivo entre la OMC y la OIT. Significaría que a ambas instituciones se les daría la oportunidad de participar regularmente en las reuniones relevantes del otro lado (OMC – OIT) y llevar a cabo estudios e iniciativas conjuntas, con el fin de mejorar la comprensión de la interconexión entre el comercio y las normas laborales.

Fomento de programas efectivos y a plazos señalados, dedicados a la erradicación de las peores formas del trabajo de menores de edad a través de la prevención, protección y reinserción, y apoyo al trabajo de la OIT en este campo.

Involucrar el aspecto del cumplimiento de las normas laborales núcleos dentro de las evaluaciones regulares de la OMC sobre la política comercial de la CCEE.

Creación de beneficios para el fomento de las normas laborales núcleos en el marco del Sistema General de Preferencias de la CCEE.

Consideración de las normas laborales y del concepto social de la política de cooperación europea, con enfoque especial en la formulación de directrices estratégicas por países específicos - correspondiente al objetivo mayor de la lucha contra la pobreza (entre otros) a través de la construcción de capacidades de cumplimento de las normas laborales en países en vía de desarrollo (Comisión de la Unión Europea/ Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2003,1).

Es decir, que el incumplimiento de las normas laborales núcleos no constituyen un criterio duro de exclusión de tratados comerciales o de beneficios del SGP. Sin embargo, durante las negociaciones sobre la expansión del sistema preferencial (SGP +) se consideraban en la esfera política por de El Salvador (Caso Calvo véase arriba) de negar a distintos países las preferencias cuando no cumplan. Por el hecho de que cuando se trata de los sectores para la exportación en Centroamérica y en la región CAN, mayoritariamente se tiene que ver con sectores en donde las condiciones laborales son al menos problemáticas, la aplicación de esa ‘cláusula social blanda’ es en la práctica poco viable.


2.1 Desviación del paradigma de la coherencia en el contexto de la competencia global

Por un lado se tiene que tomar en consideración que la coherencia y la cohesión social son prioridades que obedecen la jerarquía de los distintos niveles de la política. Por otro lado, esas prioridades se encuentran en permanente revisión, con relación a los requerimientos actuales de la política comercial. Para distintas regiones - como las por las regiones SICA y CAN – que no son primordialmente orientadas hacia los mercados europeos, se trata en primer lugar de reacciones de la CCEE a las estrategias de sus competidores, que es el caso en todo América Latina con relación a los EEUU.
En este contexto los principios del “Modelo Social Europeo”? perdería cada vez más relevancia interna y externamente (véase la estrategia de Lisboa y el concepto “Global Europe”de otoño 2006).
En junio de 2006 la Comisión Europea elaboró un documento de propuestas relacionadas a temas de coherencia, eficiencia y visibilidad de sus campos políticos (Comisión de la Unión Europea/ Kommission der Europäischen Gemeinschaften 8.6.2006/ KOM(2006) 278). Partiendo de la actual constelación de la política internacional (competencia incrementada, competencia asiática y riesgos de seguridad) se reformula implícitamente el concepto de la coherencia: Conforme a esto, en las áreas del comercio y de la competitividad se trata todavía de la apertura sucesiva de los mercados globales, cuando al mismo momento quedan validadas las estrategias del desarrollo frente a los países de ”?frica, del Caribe y del Pacífico, según los principios de las Metas del Milenio y del multi-lateralismo.
El modelo europeo de la cooperación y de la integración sirve explícitamente por la seguridad internacional, por el aseguramiento de las materias primas y por otros imperativos económicos y políticos. Con base en esto se plantea en este documento que los estados miembros y los órganos de la CCEE traten conjuntamente los siguientes temas:

• ¿Cómo se puede reformular y poner en práctica la política exterior de la CCEE para que sea apropiada frente a  las futuras amenazas y potencialidades?
• ¿Cómo se puede incrementar la eficiencia y el impacto de la política y de las medidas de la CCEE a través del uso de todas las medidas disponibles de la política interna y externa, de manera coherente y aprovechando las competencias y fortalezas específicas de los estados miembros y sus órganos?
• ¿Cómo se puede incrementar la contabilidad democrática y transparencia de la política de la CCEE y de sus medidas para poder aumentar su aceptación pública?

Desde lo antes mencionado se generan dos principales percepciones de la CCEE acerca de su política comercial y de la coherencia social:

1. En las áreas del comercio y de la competitividad se prioriza concepto fundamental de la apertura sucesiva de los mercados globales y de un sistema global de comercio basado en las reglas calculables para inversiones que brindan una aumentada diversificación. Además que garantice que la CCEE este más competitiva, y que baje los precios e incremente la oferta para los consumidores europeos. Algunos países en vía de desarrollo pueden beneficiarse de un mejore acceso a los mercados europeos y gozar el crecimiento de puestos de trabajo en distintos sectores de la economía formal, el crecimiento económico en cifras formales y el crecimiento de las inversiones directas con todas los impactos a la sostenibilidad.
Esto significa que la competencia económica de la CCEE es implícitamente dirigida contra otros modelos de la integración al mercado global – por ejemplo, contra los de los poderes económicos asiáticos y de los EEUU. Los tratados comerciales planteados con las regiones meta (Centroamérica y con la Comunidad Andina) son objetivamente medidas estrategias para competir con la política comercial de los EEUU. En esto, la CCEE persigue una estrategia de expansión sucesiva de inversiones y de exploración de nuevos sectores explotables, sinin que se cuestione los principios comunes de la cooperación atlántica entre la CCEE y los EEUU.
Sin embargo, las regiones metas son menos importantes como mercados de venta y como locaciones por inversiones directas industriales (la excepción en América Latina es sin duda Brasil), por el contrario a largo plazo deben asegurar el acceso de bienes favorecidos por el sistema arancelario y por otras normas de importación a los EEUU. Mientras que a corto y mediano plazo agilizaría o profundizaría la inversión directa de capital europeo en los sectores de servicios privatizados (telecomunicación, energía, hidrocarburos, puertos, líneas aéreas, embarcación, transporte de bienes) y servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, educación, salud), mercados financieros (seguros y pensiones, bancos privatizados). En todos estos sectores están también representados cada vez más los competidores asiáticos y estadounidenses, lo cual indica la carrera puesta en marcha por las políticas neoliberales y de ajuste estructural.

2. Desde el punto de la vista de la CCEE en el campo del desarrollo se pretende un peso político más grande por su alto compromiso con las Metas de Milenio (MDG) y con su política de multi-lateralismo efectivo. El ‘Fondo Europeo de Desarrollo’ se centra en los temas de la gobernabilidad, de los Derechos Humanos, observaciones de elecciones, pacificación, mejoramiento del clima de inversión e integración regional. Centroamérica y la Comunidad Andina siguen siendo regiones metas de la CCEE por todas estas áreas, considerando que distintas medidas de la cooperación de la CCEE se subordinan a los intereses de los EEUU, como es el caso del conflicto interno en Colombia (no se cuestiona la impunidad de paramilitares que eran conformados y entrenados por los mismos asesores militares de los EEUU y se apoya al Plan Colombia indirectamente con proyectos propios de cooperación) o la percepción del electo gobierno de Venezuela como dictadura comunista (el gobierno de España saludó como primer gobierno fuera de los EEUU al gobierno golpista en 2003). Colombia y Venezuela se consideran como casos problemáticos de amenaza a los intereses de seguridad, en el marco de la cooperación estratégico-militar entre los EEUU y la CCEE que es prioritario frente a otros temas económicos en el Continente Americano.
La Comisión Europea describe el rol de la coherencia como parte del orden de sucesión de las prioridades europeas. En esto se pone énfasis a la concentración de una cantidad limitada de prioridades estratégicas, en donde Europa pueda hacer una diferencia clave en vez de fraccionar sus esfuerzos a todos las áreas (Comisión de la Unión Europea/ Kommission der Europäischen Gemeinschaften 8.6.2006/ KOM(2006) 278). Se debería trabajar continuamente y con cierta presión para poder fortalecer la complementariedad de las distintas medidas políticas y concertar las diferentes metas (por ejemplo en los campos del comercio, de la agricultura, del desarrollo, del medioambiente y de la migración).
Consecuentemente, según la Comisión Europea se tiene que analizar la coherencia en el contexto estrecho de los distintos intereses. Se considera que los intereses económicos directos de empresas transnacionales europeas y otros grupos económicos de interés (por ejemplo de los agricultores europeos) tendrían una gran importancia por la imagen de los futuros mercados latinoamericanos cuando se negocia sobre los aranceles. Cabe mencionar, que la importancia de ambas regiones para Europa es relativamente menor - comparada con otras regiones del mundo.
Cuando se toma en cuenta los distintos intereses de empresas transnacionales europeas en América Latina, se constituye la siguiente situación: Por un lado, se incrementó el interés de las inversiones europeas en casi todos los países de América Latina entre 1992 y 2002. Por otro lado, su importancia relativa se vio disminuida por la orientación hacia Europa Oriental y Asia. Sin embargo, entre los años 1990 y 2000 se incrementaron las inversiones europeas en América Latina por un total de 222%, la mayor parte de las inversiones se hizo entre 1995 y el 2000 en la fase de la privatización. Las exportaciones de bienes de los CCEE hacia América Latina constituyeron apenas un 2,4 % de todas las exportaciones en 1993 y bajaron en el 2002 a un nivel de 2,1% (cifras según Moro 2006). Cabe mencionar, que España sigue jugando un papel importante con la mitad de todas las inversiones directas.
El flujo incrementado de capital e inversiones de Europa en América Latina es un resultado inmediato del ajuste estructural de los mercados. Alfonso Moro, analiza bajo este punto de vista las consecuencias del fomento de comercio de la CCEE en América Latina y el cambio del marco legal, en donde actúan las inversiones europeas en América Latina (Moro 2006). Según esto se trata de tres elementos de una estrategia general:
1. Inversiones Directas Europeas,
2. Política Comercial y
3. el marco legal de los Acuerdos Recíprocos sobre Promoción y Protección de las Inversiones <APPRIs> (véase también el FDCL Info-Bulletin N°1, de enero 2004.).

Todos estos tres elementos son claves para el apoyo directo a los intereses de empresas transnacionales de la CCEE en América Latina. Según Moro, más que todo las negociaciones sobre el TLCAN (1993/ 1994) han influenciado de manera significativa la visión de la CCEE y de su política externa de comercio.
Por un lado esto radica en el temor de la perdida del mercado mexicano por la integración en el TLCAN y también por la amenaza que el modelo del TLCAN podía expandirse sobre toda América Latina y tener resultados parecidos. En otras palabras, el “choque de TLCAN”? fue el motivo central de los por los esfuerzos intensificados sobre cooperación y sobre el aseguramiento de los mercados para empresas transnacionales europeas. En concreto, los Acuerdos de Asociación son un resultado de esto.
Un impacto de las voces críticas latinoamericanas contra el del TLCAN fue que la CCEE hizo una distinción terminológica de la política comercial exterior. En este sentido sus acuerdos no se declaran como ‘tratados de libre comercio’, sino que enfatizaban en la esfera pública-política a partir de los ‘principios de la concertación’ y del ‘diálogo político’, de la ‘cooperación’, de la ‘asociación económica’ y por lo tanto, se llama a los tratados ‘Acuerdos Globales’ en vez de TLCs.
Por lo anterior, el discurso alrededor de los procesos de negociación aparece “neoliberal moderado”? correspondiente a las directrices europeas que abarcan también los principios de la coherencia y de la cohesión social. Pero en esto se tiene que considerar, que independientemente de los impactos sectoriales negativos del TLCAN en México (más que todo el impacto negativo a los pequeños agricultores locales por importaciones masivas de productos agrícolas de los EEUU y por reglas expansivas de protección de inversión de empresa estadounidenses y canadienses en México), los ‘Acuerdos Agregados sobre Cooperación Social y sobre el Medioambiente’ del TLCAN estipularon cláusulas sociales y medioambientales más claras que la declaración del Consejo de la CCEE sobre las normas laborales núcleos. Por ejemplo en octubre de 2006 más que 20 organizaciones laborales de México, de América del Norte y de Canadá hicieron un reclamo conjunto bajo el reglamento del acuerdo laboral - el North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC). Se trató de un caso de 650.000 empleados contra el Estado Federal de Carolina del Norte y contra el Gobierno Federal por la negativa del Derecho a la Libre Asociación Colectiva (Global Policy Network 17 de Octubre 2006).
Cuando se analiza las inversiones directas españolas, se nota que se concentran a los sectores de los servicios, telecomunicación, energía y sector financiero.
Entre 1991 y 2002 solamente  Argentina, Brasil, Chile y México constituyeron 85% de todas las inversiones directas europeas (Brasil 42%, Argentina 24% y México 13%). En comparación con el balance anterior, las regiones SICA y CAN, se tornan aún menos relevantes. Las potencialidades de inversiones esperadas por empresas europeas en esas regiones se centraban exactamente en los sectores arriba mencionados. Un caso típico era la privatización del sector del agua potable en Bolivia,  bajo la participación de capital y de la cooperación europea (la agencia Alemana para-estatal GTZ entre otros).
La CCEE, los EEUU y los demás países líderes del grupo G-8 persiguen una clara estrategia de protección de inversiones. En la víspera de las inversiones directas esperadas, planeadas y beneficiadas por sus políticas de cooperación, su estrategia se centra a la ratificación de los distintos APPRIs (Acuerdos de Protección Recíproca de las Inversiones). En los años ochenta ya se había firmado unos APPRIs entre los EEUU, Canadá y unos países latinoamericanas.

Con la ratificación del TLCAN de 1994, se consolidó este proceso hacia la protección de inversiones dentro de acuerdos comerciales. El TLCAN incluya una cláusula de protección de inversiones en su capítulo 11 que contiene tres puntos claves: el trato equitativo del capital extranjero, la imposibilidad de la nacionalización y reglamentos de recompensación en caso de infracciones.
Al inicio de los años 90 se diseño paralelamente la propuesta de un “Acuerdo Multilateral de Inversiones”? (MAI, Multilateral Agreement on Investment) entre Japón, los EEUU, Canadá y la CCEE. Por el veto de algunos países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y por los debates políticos en los mismos países líderes se tuvo que retirar la propuesta. Se delegó el tema de la protección de inversiones a la OCDE temporalmente. Sin embargo, con los APPRIs y con las cláusulas sobre la protección de inversiones de los TLCs la estrategia detrás del MAI sigue siendo cada vez más actual y evidente.
En un reporte de la ‘Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo’ (UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development: World Investment Report 2003) se registró sólo en el periodo entre 1991 y 2002 aproximadamente 1.641 modificaciones de los marcos legales locales beneficiarios para las inversiones. En los acuerdos recíprocos de la promoción y protección de inversiones no sólo se define el término ‘Inversión’ como plena ‘Inversión Directa’, sino también como ‘Inversión Portfolio’1 que tiene otras implicaciones legales y que trae riesgos específicos para los mercados financieros locales.
Al mismo tiempo se otorga a los inversionistas el derecho de demando a estados ante el ‘Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI’ (FOCO 2006; FDCL Info-Bulletin N°1, Enero 2004). En este contexto la CCEE fue una de las fuerzas políticas que persiguió la agilización de la ratificación de los APPRIs, porque los consideraron como columna vertebral de los acuerdos comerciales de la CCEE y se exigieron a las contrapartes como condición sine qua non para la integración comercial correspondiente al modelo de la OMC.
Además, en el contexto de su priorización de los llamados “Temas de Singapur”? (privatización de servicios públicos, protección de la propiedad intelectual, protección de inversiones et al) la CCEE agudiza sus reivindicaciones. Con esto algunos países que hasta hoy no tenían inversiones directas relevantes, serían atractivos para los TLCs, lo cual se deriva del aumento de los acuerdos con las regiones SICA y CAN.
Los acuerdos CCEE-México, CCEE-Chile y todos los demás acuerdos que están en negociación con los países latinoamericanos, se distinguen de los acuerdos con los EEUU más bien en la terminología y en la priorización temática. Los acuerdos con la CCEE contienen capítulos sobre el diálogo político y cooperación sin que estos realmente contribuyan al cambio de las asimetrías comerciales. Es decir, la protección de inversiones es prioritaria frente a la temática de la coherencia y de la cohesión social. A esto corresponde por ejemplo la percepción del Director General de Comercio de la Comisión Europea Karl Falkenberg, según él, los acuerdos comerciales sólo tendrán sentido cuando sean recíprocos y cuando contengan amplias reglas de protección de inversiones (TWN-Af,-29 de junio 2006).


2.2 Procesos de Integración CCEE-América Latina

Según la percepción de la Comisión Europea (Kommission der Europäischen Gemeinschaften/ Comisión de la Unión Europea 2003) se derivan los esfuerzos de integración con América Latina desde distintos contextos históricos, culturales y económicos. Se constata que en la actualidad América Latina se encuentra explícitamente – con excepción de Cuba – en procesos de integración regional (Mercosur, CAN, SICA) perneados por los TLCs que benefician el comercio global, contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo de las regiones. Se enfatiza la riqueza de los recursos naturales y también los riesgos de esas regiones. En esto, la política de la CCEE se ve como promotor de la democratización, de la lucha contra la desigualdad social, de la integración económica y de la protección al medioambiente.
También, la CCEE enfatiza la realidad comercial de América Latina en su totalidad: en los años pasados el intercambio de mercancías se incrementó significativamente por encima del promedio global. Sin embargo, esto representó en el año 2000 apenas un 5% de todo el intercambio de mercancías de la CCEE, la mitad del intercambio se realizó con los países del MERCOSUR.
Es decir que el comercio de los países latinoamericanos con los EEUU sigue siendo cada vez más significativo. Además, desde 1980 hasta el año 2000 la participación relativa de la CCEE en el comercio latinoamericano bajó de 20% a un 15%, mientras que el comercio con los EEUU aumentó de 35% a 47%.
Las inversiones extranjeras en América Latina incrementaron entre 1996 hasta 1999 de 31.179 Millones de USD a 73.915 Millones USD. Según la Comisión Europea el crecimiento es un resultado de los programas de privatización de algunos países en la industria y en el sector de los servicios.
Las inversiones de países europeos se incrementaron de 13.289 Millones de USD a 42.266 Millones de USD y con esto se pusieron en la primera posición. En los procesos de la privatización (sector público, bancos, telecomunicación, tránsito aéreo, energía) se notó una fuerte participación de empresas europeas, más que todo de empresas españolas.
Para profundizar estos procesos e intensificar la integración regional los países latinoamericanos, se tienen que priorizar una serie de temas según la Comisión Europea:
La diversificación de la producción y de la oferta de las mercancías para la exportación y el aumento del valor agregado en los bienes de exportación;
Seguimiento de la integración regional, participación en el comercio internacional, membresía en la OMC y cumplimiento de las reglas de la OMC; intensificación del intercambio de mercancías con otras regiones del mundo;
Fomento de inversiones directas extranjeras a través de la creación de un marco de orden legal firme y transparente por el capital privado; apertura de sectores estratégicos hacia afuera;
Acceso a investigación y a las tecnologías de información para superar la brecha tecnológica y digital;
Desarrollo de estructuras del trafico y comunicación e incluso una asociación de redes interconectadas;
Política de promoción de una economía energética más eficiente bajo el criterio de la competitividad, de la seguridad de abastecimiento y de la protección del medioambiente.

La “Estrategia de Programación Regional de la Comisión Europea”?, se centra a la prioridad de la política comercial acorde con el proceso de la liberalización multilateral del comercio global dentro de la OMC. Según esa lógica, el SGP de la CCEE se corresponde con las reglas de la OMC y se encuentra en aplicación en toda América Latina.
Aparte de los intereses económicos-estratégicos de la CCEE, sus directrices políticas legitiman los temas del diálogo e indican la creciente evidencia de la expansión de los existentes acuerdos de asociación con América Latina.
Hasta los años ochenta, S XX dominaban todavía las relaciones bilaterales entre algunos países miembros de la CCEE y los países de América Latina. Con la expansión y consolidación interna de los países núcleos de la Comunidad Europea (a través del ”?rea Europea de Libre Comercio (EFTA, European Free Trade Area) de 1993 y a través de la Unión Monetaria de 1999) algunos países de este grupo tenían un mandato frente a América Latina por toda la Unión Europea. Este mandato lo tenían más que todo España y Portugal y con el aumento de las inversiones europeas cada vez más por otros países núcleos.
Algunos analistas enfatizaban que la integración de la CCEE no persigue en primer lugar las prioridades comerciales, sino distintas prioridades más políticas- estratégicas. Cuando se persigue las formas de la institucionalización específica de los distintos procesos de integración CCEE-América Latina, se puede constatar que esa tesis tiene una cierta evidencia (véase capítulo 2.1).
Parece que ser similar en el contexto del fomento de la política del comercio exterior y la cooperación:
Ya se otorga desde 1974 apoyo técnico y financiero de la CCEE dentro de programas de fomento de cooperación e integración regional. Para este fin, se usó el Fondo del Banco Europeo de Inversiones que fueron canalizados a través de los miembros europeos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos programas enlazaron especialmente los proyectos de la CCEE de promoción del cumplimiento de normas de los mercados europeos, con el mejoramiento del clima de inversiones para capital privado europeo.
Este enfoque se profundizó en el marco de los llamados “Acuerdos de la Cuarta Generación”? (véase abajo) en donde se expandió el acceso a estos programas de fomento. A dichos acuerdos pertenecieron los programas de entrenamiento, educación vocacional, nuevas tecnologías y desarrollo de la infraestructura y servicios directamente vinculados con proyectos del capital privado. En estos proyectos se insertó por ejemplo medidas financieras públicas de la CCEE para crear condiciones adecuadas por las inversiones en proyectos de privatización o por el fomento de estructuras de cadenas productivas de comercializadores europeos, acerca del cumplimiento de las normas europeas de importación. Este contexto no es fundamentalmente nuevo y se distingue sólo gradualmente de la política de comercio exterior de los EEUU. Pero la importancia de estos programas se incrementó sistemáticamente en el contexto de las negociaciones sobre el componente de los TLCs con las regiones SICA y CAN.
Con el Memorando de 2002 entre la Comisión Europea y el BID se abrió el camino hacia medidas de cooperación conjuntas que más que todo afecta las regiones SICA y CAN.


2.2.1 Acuerdos comerciales de la CCEE con América Latina

El punto de partida para los primeros procesos de integración en América Latina fue en 1960, cuando se fundaron las dos asociaciones comerciales regionales: el ‘Mercado Común Centro Americano’ (MCCA) y la ‘Asociación Latino Americana de Libre Comercio (ALALC). Con el ’Tratado de Montevideo’ de 1980 se convirtió la ALALC en ALADI (Asociación de Integración Latinoamericana). El objetivo mayor de esta asociación es la convergencia de todos acuerdos comerciales de todas las regiones latinoamericanas. Desde la ALADI se conformó el grupo que formó el MERCOSUR en 1991.
En 1969 se ratificó en el grupo andino el ‘Acuerdo de Cartagena’ (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) y en 1973 se asoció Venezuela, mientras que Chile salió en 1974.
Los estados caribeños conformaron en 1968 la ‘Asociación de Libre Comercio del Caribe’ (CARIFTA) – transformado en 1970 bajo el nombre CARICOM (Mercado Común del Caribe). Desde el grupo del CARICOM se planteó la Asociación de los Estados del Caribe (ACS) en 1990.
Se considera la declaración de los jefes de gobierno de Buenos Aires de 1970 como una iniciativa central en la búsqueda de profundización de la integración regional con la CCEE y del acceso a los mercados europeos. En este momento las relaciones comerciales estaban históricamente en el punto más bajo, mientras que la CCEE ya otorgaba preferencias comerciales a los países africanos según el ‘Tratado de Lomé’.
La CCEE planteó a los países latinoamericanos el establecimiento de un ‘Consejo Conjunto’ que fue aceptado por los gobiernos de América Latina en 1971. Entre 1971 y 1976 se intensificaron las relaciones bilaterales entre los países europeos y latinoamericanos. En este tiempo se ratificaron acuerdos no-preferenciales entre la CCEE y Argentina en 1971, México 1973, Brasil 1973 y México 1975. Se los calificó como acuerdos de la ‘Primera Generación’. Pero estos acuerdos ya eran más que simples acuerdos bilaterales sin compromiso. A estos pertenecieron:
1. Los acuerdos bilaterales entre la CCEE y Argentina, Brasil y Uruguay,
2. El Pacto de Cooperación Económica con México,
3. Los acuerdos especiales sobre importaciones/ exportaciones de textiles con Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y Uruguay,
4. Los reglamentos de cuotas de importación (a Europa) por distintos productos manufacturados con Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay, Honduras, Perú y El Salvador.
Aunque la atención de la CCEE frente a los estados que cayeron bajo el “Tratado de Lomé”? todavía siguió siendo más grande, con estos acuerdos se creó la base para futuras cooperaciones más intensas (por ejemplo en el marco del SGP europea). Cabe mencionar, que con todo esto se modernizó las asimetrías existentes entre la CCEE y América Latina.


2.2.2 Los ‘Acuerdos de la Cuarta Generación’

Hasta alrededor del año 1970 los acuerdos bilaterales se centraban en pocos temas, mientras que entre 1970 y 1979 se firmó una segunda generación de acuerdos comerciales en donde por primera vez algunas preferencias comerciales estuvieron incluidas.
Después, entre 1980 y 1989, fueron agregadas “Acuerdos Macros de Cooperación”?, cuyas ratificaciones tuvieron lugar en el periodo de 1990 hasta 1994. Se trata de los ‘Acuerdos de Tercera Generación’.

“Acuerdos de la Cuarta Generación”?
En medio de de los años 90, se profundizaron los procesos biregionales a través de los ‘Acuerdos Macros sobre Cooperación y Economía`. Estos acuerdos incluyeron las denominadas ‘Cláusulas Democráticas’ y las ‘Cláusulas de Evolución’. Con la Cláusula Democrática se pretendió el fomento de procesos democráticos y de Derechos Humanos y con la Cláusula de Evolución se buscaba acordar proyectos de desarrollo entre los partidos involucrados, sin que haya sido necesaria la negociación de nuevos acuerdos macros.
En esa fase se firmaron los siguientes acuerdos: CCEE-Argentina (2 de abril de 1990), CCEE-Chile (20 de diciembre de 1990), CCEE-México y Uruguay (1991), CCEE-Paraguay (1992), CCEE-Brasil (1992), CCEE con Centroamérica (1993) y con los países andinos (1993). Al mismo tiempo la CCEE y el MERCOSUR acordaron la cooperación inter-institucional.
Desde los años 80, la CCEE comenzaba a reformular sus intereses sociales y políticos que hicieron clara referencia a los procesos de la transformación en Europa Oriental y al acompañamiento de los procesos de la pacificación y transición en Centroamérica. Rumbo a este contexto estratégico, la política exterior y de seguridad común, se convertía en un criterio principal para los acuerdos de asociación y cooperación con los países latinoamericanos.
De todas estas premisas, se desarrollaron entre 1995 y 2000 los llamados “Acuerdos de la Cuarta Generación”?. Por un lado, los actuales procesos de negociación radican en los existentes acuerdos, por otro lado, han sido agregados para nuevas opciones.
El impulso de estos los acuerdos, partió del tratado con el MERCOSUR del año 1995 (Acuerdo Global Interregional de Cooperación UE-MERCOSUR.) y del acuerdo firmado por Chile en 1996 (Acuerdo Global Interregional de Cooperación UE-Chile). Con México se concluyó un nuevo acuerdo en 1997 bajo el nombre ‘Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la UE y México’. Además, México fue el primer país latinoamericano que firmó un tratado de libre comercio con la CCEE en marzo de 2000 (que entró en vigor a partir de julio de 2000).
Los acuerdos de la cuarta generación a que se refieren los actuales procesos de negociación entre la CCEE y las regiones SICA y CAN se basan en los siguientes principios fundamentales y reivindicaciones de la CCEE frente a los países contrapartes correspondientes a sus prioridades políticas:
Asociación Económica,
coordinación y cooperación política,
acuerdos recíprocos acerca del acceso a mercados,
institucionalización del diálogo político,
liberalización del comercio de bienes y servicios de acuerdo con las normas y reglas de la OMC <bilateral y preferencial, progresivo y recíproco>,
respeto de principios democráticos y de los Derechos Humanos,
conformación de un ‘Consejo Conjunto’,
cooperación en distintos sectores claves (industria, inversiones financieras, PyMEs),
‘Cláusula de Evolución’,
acuerdos sobre licitaciones y adquisición pública,
políticas del mejoramiento de la competitividad de la economía,
respeto de la propiedad privada,
diálogo a distintos niveles políticos.

Carlos D. Martin resume la problemática principal de esos acuerdos: „La segunda premisa, intrínsecamente ligada a la anterior, es que las relaciones entre Europa y América Latina están alcanzando un punto de difícil retorno con la firma de los acuerdos de cuarta generación, debido a sus implicancias y consolidación. A pesar que las relaciones biregionales han estado dominadas principalmente por la retórica y los discursos diplomáticos, el nivel de institucionalización entre ambas regiones ha aumentado en momentos históricos claves. Esta institucionalización está experimentando un salto cualitativo a partir de mediados de la década de 1990, consolidando un diálogo político entre ambas regiones que es inherentemente vital para ambas, más allá de las consideraciones económicas. Para la UE, su relación política con Al es necesaria para una mayor consolidación de su Política Exterior y de Seguridad Común y su inserción en los asuntos mundiales como un “actor”? internacional, más allá de su área tradicional de influencia”  (Martin 2006).
Independientemente si se considera este punto de difícil retorno como riesgo u oportunidad, se trata indudablemente de un salto cualitativo en las relaciones CCEE-América Latina.
En este contexto cabe enfatizar que la CCEE fomenta los procesos paralelos de integración latinoamericana. Por ejemplo, el caso de la modificación del principio de los países más favorecidos. Se expande la ‘Cláusula del Principio de las Naciones Más Favorecidas’ de manera que ya se permite la importación de bienes a tarifas similares de terceros países cuando pertenezcan a las mismas asociaciones económicas regionales. Este acercamiento tiene un significado concreto por la opción de la homologación de los acuerdos comerciales de la CCEE con los acuerdos preferenciales entre Centroamérica y los EEUU (CAFTA) y los países andinos y los EEUU (APT-DEA que estuvo en vigor formal hasta el 31 de diciembre 2006).


3. El proceso de las negociaciones CCEE-SICA y CCEE-CAN en base de los acuerdos de la cuarta generación

La segunda cumbre de los jefes de gobierno de la CCEE, de América Latina y del Caribe (EU-ALC) de 2002 en Madrid, fue una etapa importante en el camino hacia las negociaciones concretas entre Europa y las regiones SICA y CAN. La CCEE considera el acuerdo de asociación firmado en esa cumbre entre Chile y la CCEE (Acuerdo Global) como modelo para otros procesos regionales de integración con el continente latinoamericano. Desde el punto de vista de la Comisión Europea este acuerdo ha sido una etapa importante para mover hacia delante las negociaciones actuales con el MERCOSUR. Indudablemente, el acuerdo global con Chile brinda un marco de orientación para los procesos específicos de negociación de la CCEE con las regiones SICA y CAN.
Además, en la Cumbre de Madrid ya se acordó las negociaciones sobre el diálogo político y la cooperación entre la CCEE y Centroamérica y la Comunidad Andina.


3.1 CCEE-SICA/ SIECA: ¿Paridad con CAFTA?

El paso decisivo del acercamiento para lograr una cooperación más estrecha hacia una integración regional entre la CCEE y los estados SICA, partió desde el llamado “Proceso de San José”? de 1984, en donde Europa tomó una posición clave. Este proceso sirvió como instrumento de diálogo para lograr la pacificación de las guerras civiles y la transición política en Centroamérica (Nicaragua, El Salvador y Guatemala con impacto en Honduras y Costa Rica que fueron base de la coalición armada antisandinista). La pacificación e integración de los combatientes, de los insurgentes de la izquierda en El Salvador y Guatemala y de la Contra ultraderechista nicaragüense había sido evidente al inicio de los años 90, posterior al fin de la Segunda Guerra Fría y al fin de la Unión Soviética. La CCEE pretendía modelar este proceso y ejercer sus intereses en la región. Al mismo tiempo, el “Diálogo de San José”? fue un elemento importante de cooperación política entre la CCEE y Centroamérica. Con el último encuentro oficial que tuvo lugar en mayo de 2005 en Luxemburgo, se transformó este proceso en una dinámica negociadora sobre la asociación política y económica. A nivel político la CCEE sigue persiguiendo un rol pro-activo en la región. Un ejemplo importante fue la resolución del euro-parlamento de Octubre de 2006 contra la impunidad de violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala y la suspensión de la inmunidad diplomática del ex-dictador Ríos Montt (Parlamento Europeo Octubre 2006/ Europäisches Parlament Oktober 2006).
Una de las condiciones previas por la integración forzada entre la CCEE y Centroamérica, fue la intensificación del proceso de la integración dentro de los países centroamericanos. La evaluación del  proceso de integración regional fue realizado por el “Grupo de Trabajo Común Provisional’ en el marco de sus reuniones previas a la cumbre de Viena de 2006. Su valoración fue positiva. Conforme a esto, y conforme a las declaraciones de propósito de ambos lados se anunció la conclusión agilizada del acuerdo de asociación posteriormente. El 13 de Mayo de 2006 los gobiernos centroamericanos y de la CCEE declararon en el marco de la cumbre de Viena que se iba a concluir un acuerdo de asociación económica con un componente de libre comercio en el transcurso del año 2007. Este acuerdo se va a agregar al actual ‚Acuerdo sobre Cooperación y Diálogo Político’ (acordado en la Cumbre de Madrid en el 2002 y ratificado en 2003) y se pretende sustituir el SGP sucesivamente, toda vez que esté en vigor. Según este plan, la “Zona de Libre Comercio”? con la región SICA se aspira mantenerse hasta el año 2010, proyección que según la percepción de algunos analistas es poco realista.
Sin embargo, la estrategia de la CCEE para 2007 a 2013, enfatiza todavía la alta vulnerabilidad económica de la región. Por lo tanto, se deduce la necesidad de políticas del mejoramiento de la cohesión social (European Commission: Discussion Paper for Dialogue. Regional Strategy for Central America. Brussels. May 2005/ European Commission. Draft Country Strategy Paper for Central America. Brussels 2007). Como principales obstáculos y retos, es importante resaltar la baja calidad democrática, la fragilidad económica, la débil coherencia social y la problemática ambiental. En particular se echó de menos que la integración regional cumpla los criterios de los acuerdos multilaterales por la falta de una cultura del mercado común (MCCA). También, se constató que a Centroamérica carece de una o más motores de integración. Mientras que Costa Rica se demuestra muy reservada frente a la integración regional y tiende a favorecer el bi-lateralismo (por ejemplo a través de su acuerdo bilateral con los EEUU), se considera el eje entre San Salvador y Guatemala potencialmente como motor de la integración.
Por otro lado, se dieron progresos notables a nivel del desarrollo institucional, de la normalización y el desarrollo de los sistemas legales. Una de las reivindicaciones económicas y comerciales principales de la CCEE ha sido el cumplimiento de las reglas de la OMC. Esto tiene validez también, por el orden mercantil bananero de la OMC que exige una tarifa arancelaria uniforme, mientras que el trato desigual de la CCEE de los exportadores centroamericanos afecta todavía a la región.
Como primer paso hacia una asociación económica se enfatiza explícitamente la necesidad de la evaluación del proceso de integración centroamericana.
La Comisión Europa había estipulado tres criterios de cumplimiento de una asociación económica:

un marco institucional apropiado;

la conformación de una unión aduanera;

la disminución de y la cancelación de barreras comerciales no-tarifarias en el intercambio intra-regional.

Dentro de la agenda regional planteada por el grupo SICA en 2001, se propuso el establecimiento de seis campos de acción que fueron principalmente asumidos y fortalecidos por la Comisión Europea en su estrategia 2007-2010. Sin embargo, en 2006 todavía se criticó que el proceso no se había consolidado de manera satisfactoria. Con el ‘Programa de Apoyo a la Integración Regional’ (PAIRCA) de la CCEE se esperaba avanzar significativamente.
Para una realización exitosa de la agenda se recomendó el establecimiento de criterios mayores que abarcan los siguientes elementos:
1.Conducta de las relaciones políticas-económicas entre ambas regiones,
2.contribución al desarrollo socio-económico de Centroamérica partiendo de las experiencias del diálogo de San José,
3.apoyo y consolidación de la integración regional.

En este contexto, se recomendó el desarrollo de la cohesión social operacionalmente dentro de las estrategias nacionales y la comparación de las ventajas de las estrategias nacionales y regionales.
Aunque el volumen del comercio exterior de Centroamérica y Panamá con Europa apenas representa un 0,3% de las exportaciones de toda la CCEE, se incrementa la importancia de Europa para la región por el crecimiento dinámico del comercio entre 1994 y 2004 de 10% a 15% (véase el estudio de CIFCA 2006).
Para poder valorar la importancia de la región, se tiene que balancear los distintos aspectos por sector específico. Generalmente se puede distinguir entre cuatro grupos de productos:

1. Una gran parte de los productos de la agro-exportación centroamericana llega sin mayores restricciones a los mercados europeos. Por un lado, se permite el acceso preferencial de estos bienes porque caen bajo el SGP, o porque estos productos (más bien de la materia prima) están exentos de los reglamentos arancelarios. En este grupo de productos para la agro-exportación centroamericana hacia Europa se concentra el mayor volumen (90% de las importaciones de Costa Rica y Guatemala, 98% de Nicaragua, Honduras, El Salvador). Si se exportara estos productos como bienes procesados o pre-fabricados, entran bajo bajo los aranceles de importación relativamente altos y ya no serían competitivos.
A los productos primas “beneficiados”? por los reglamentos existentes pertenecen por ejemplo, los bananos. Sin embargo, todavía se protege la producción portuguesa, francesa y española que son relativamente caras y también la producción de las ex-colonias europeas de los estados de ”?frica y del Caribe (ACP).
Esto aplica también al azúcar europeo, que todavía es altamente subvencionado comparado con el azúcar de caña centroamericano. Estas prácticas fueron criticadas en 2004 por la OMC. Desde entonces la CCEE ha comenzado ha disminuir esas preferencias y subvenciones sucesivamente en el marco de la ‘Política Europea Común Agraria y Pesquera’. Como alternativa para sus productores azucareros se expande el sector de los bio-combustibles con subvenciones y reglamentos de hacienda. Como la demanda en Europa por la sustitución de los combustibles corrientes es muy alta, el TLC va a estipular reglamentos para la liberalización del comercio con bio-combustibles (en Centroamérica con base en aceite de la palma aceitera, donde la producción en países como Brasil está en su mayoría en manos de empresas transnacionales, entre ellas algunas europeas.
El libre comercio con Europa podría probablemente beneficiar a estos productos agrarios, causando una extensión de la producción con todas sus consecuencias para la sostenibilidad y a la soberanía alimentaria. En el caso de los bananos Costa Rica y Honduras esperan ciertas ventajas del TLC, de igual manera El Salvador, en el caso del azúcar.

2. En el segundo grupo de productos se encuentran bienes con un mayor grado de procesamiento. Si estos productos entraran bajo el SGP o fueran parte del TLC tendrían un acceso sin mayores restricciones a los mercados europeos. En la actualidad se los exportan hacia Europa con por tarifas arancelarias entre el 10 y 20%. A este grupo pertenecen por ejemplo, las pastas alimenticias, conservas de frutas, miel, zumos, cigarrillos y productos especiales cuya base es el café (como chocolate de café) etc.
A este grupo pertenecen también productos con un grado de procesamiento relativamente bajo, pero que son considerados como ‘productos sensibles’, porque son producidos en la misma CCEE (por ejemplo Langostas). Los autores del estudio de CIFCA suponen que en este contexto al menos un TLC pudiera ser beneficioso para los países centroamericanos, cuando el acuerdo se asegurara su acceso al mercado europeo a largo plazo.

3. El tercer grupo abarca los productos con tarifas arancelarias moderadas (entre 5 y 10%) con productos directamente no favorecidos por el SGP. A estos pertenecen distintos productos agrarios no-tradicionales (distintas frutas) y flores cortadas. Sólo para Costa Rica representan un 22% de su volumen de exportación con la CCEE.

4. Para el cuarto grupo de productos el acceso a mercados europeos no depende de acuerdos comerciales, sino de reglamentos preferenciales especiales. Aquí se encuentra el caso del café en grano que representa un 66% de todas las exportaciones centroamericanos a la CCEE.

El balance prospectivo de los beneficiarios y perdedores de exportadores centroamericanos depende por un lado, si estos bienes están en competencia con productos europeos o en competencia con productos de países (todavía) más favorecidos (ACP etc.). Aún si existiera un trato equitativo, las subvenciones directas (apoyo financiero directo) e indirectas (apoyo tributario) conservarían las asimetrías existentes. La disminución de aranceles y barreras comerciales no-tarifarias sólo puede mejorar gradualmente el acceso a los mercados. Según la investigación de CIFCA pocos productos centroamericanos llegarían a obtener ventajas comerciales. Normalmente se trata de estos productos agrarios y pesqueros con un grado del valor agregado relativamente bajo, que el SGP o no son calificados como productos sensibles. En otras palabras, el estatus no se modificaría mucho para los bienes favorecidos.
Pero a largo plazo, habría pocos productos que aparte del azúcar, de los bananos etc. serían beneficiados por un acuerdo de asociación económica, y esto tendría lugar únicamente cuando la CCEE cambie sus prácticas de subvenciones. Quizás, esto tendría validez para productos de la acuacultura (camarones), pero que son desde el punto de vista ambiental y social problemáticos. Cabe mencionar que la cuestión de la sostenibilidad también se da en la producción bananera, en la producción azucarera, del algodón y más problemática aún en el caso de los nuevos productos para la producción de bio-combustibles (uso de agroquímicos, trabajo de menores de edad, desertificación, desgaste y contaminación del agua potable, amenaza a la soberanía alimentaria por desplazamientos y erradicación de la pequeña producción para el autoconsumo etc.).
Según la prioridad de la coherencia social, el acuerdo de asociación tiene que prever mecanismos del desarrollo sostenible en Centroamérica. A estos pertenecerían incentivos y mecanismos de sanciones para las normas sociales y medioambientales y reglamentos anti-dumping. En este contexto la cooperación debe contribuir a la disminución de las asimetrías regionales. Hasta hoy, la CCEE no ha acordado con ningún país centroamericano mecanismos concretos que realmente consideran estos elementos (CIFCA 2006). Sin embargo, el enfoque principal de las negociaciones sigue siendo la protección de inversiones que bajo distintas circunstancias pueden ser negativos para el desarrollo sostenible.
En el documento estratégico de la CCEE para Centroamérica de 2002-2006,  se hizo todavía referencia al rol de la CCEE durante el Diálogo de San José, cuyos resultados brindaron una base firme para consolidar los procesos de integración, bajo el uso de una mezcla de distintos instrumentos políticos que tienen una cierta relevancia por las relaciones de la Unión Europea con Centroamérica: comercio, SGP, política agraria, control sanitario y fitosanitario, protección del consumidor, mercados internos, política mercantil, investigación y desarrollo, medioambiente, prevención de conflictos, democratización y Derechos Humanos, drogas y tecnologías de información. En ambos - en la estrategia regional 2002-2006 como en la estrategia 2007-2010, se considera que la estrategia debe ser coherente con las prioridades políticas. Sin embargo, se recomienda la atención especial a los temas del SGP, de la política agrícola y de las normas sanitarias y fitosanitarias. Según nuestra consideración se trata de las áreas más problemáticas y vitales para la coherencia.

La Tesis de la ‘Paridad con CAFTA’
Indudablemente, la creación de una zona de libre comercio entre la CCEE y Centroamérica hasta el año 2010 debe ser analizada en el contexto del proyecto de la gran zona de libre comercio para las Américas de los EEUU (ALCA). Unos de sus subproductos es el CAFTA (Central American Free Trade Agreement). La CCEE persigue la paridad con los acuerdos paralelos que Centroamérica tiene con los EEUU con características propias europeas (a través del énfasis en el diálogo y la cooperación sobre la resolución de los problemas de la migración y de la lucha contra la pobreza etc.).
También los gobiernos centroamericanos y unos actores relevantes de la CCEE, consideran un acuerdo de asociación con Centroamérica como acuerdo paralelo al CAFTA. La paridad se refiere en primer lugar a las estrategias de exportación, a la atracción de capital y al trato de las inversiones europeas.
Mientras que el CAFTA fue considerado por parte de los gobiernos centroamericanos como una importante etapa de sus políticas de comercio exterior2, el acuerdo causó protestas de movimientos sociales en los EEUU y en Centroamérica3. Diferente a los acuerdos agregados del TLCAN sobre cooperación social y medioambiental (Side Agreements on Social and Environmental Cooperation), el CAFTA considera los estándares sociales y medioambientales sólo como parte integral de los distintos sistemas legales y del marco de las obligaciones internacionales. No están estipulados mecanismos concretos de verificación y monitoreo, mucho menos se encuentran estipuladas las sanciones, mientras que la protección de las inversiones y la reducción de las tarifas arancelarias son prioritarias. Según el CAFTA los países centroamericanos deben disminuir todas sus tarifas de importación de productos de los EEUU a un arancel cero hasta el 2015.
Mientras que tienen lugar las negociaciones de la CCEE con las regiones CAN y SICA, se concluyó algunos acuerdos de asociación bilaterales (CCEE-México y CCEE-Chile) a través de los cuales se persigue explícitamente la paridad con los acuerdos homólogos que tienen los EEUU con Chile y México. El objetivo mínimo de la paridad, es el trato equitativo de empresas e inversiones europeas frente a sus competidores estadounidenses.
Además, las negociaciones con las asociaciones regionales SICA y CAN se deben analizar en el contexto de las negociaciones paralelas que se realizan por ejemplo, con las ex-colonias europeas (‚Agreements on Economic Cooperation’) en donde la Comisión Europea ya impuso los demás criterios de los ‘Temas de Singapur’.
Si estas fueran las directrices para las negociaciones con Centroamérica (protección de la propiedad intelectual, comercio con servicios y el tema agrícola) afectarían a los pequeños productores, al empleo, a los estándares sociales y medioambientales y a los Derechos Humanos. Pero todos estos aspectos son campos claves a los cuales se refiere la cohesión social.
En otras palabras, la CCEE condiciona el acuerdo de asociación con Centroamérica con la puesta en práctica de dos criterios centrales:

1. Cumplimiento de los criterios de la OMC acerca de la liberalización de bienes y servicios y respaldo de la posición europea en la ‘Ronda Doha de la OMC’ en el tema agrario, especialmente por la política bananera (que afecta a Centroamérica y a Ecuador y Colombia).

2. Progresos en la profundización de la integración regional; un marco institucional, con lo cual Centroamérica pueda negociar como bloque común; la unión aduanera, y la reducción de las barreras no-tarifarías en el comercio intra-regional.

Las reivindicaciones conforme a la CCEE, ya se presentaron en la cumbre de Guadalajara en Mayo de 2004 y fueron reiterados posteriormente en la cumbre de la OMC de Hongkong en diciembre de 2005. El interés explícito de la CCEE centra en mercados más amplios y menos fragmentados creados por uniones aduaneras.
Hasta el 2006, 353 grupos de bienes todavía no estaban sujetos a las tarifas arancelarias equilibradas. De estos sólo 118 eran productos agrarios. Se espera la armonización de la gran mayoría de estos bienes (94% según CIFCA), mientras que una parte menor quedara en conflicto permanente.

Mientras tanto, no avanza la integración regional a nivel político de manera muy dinámica (véase Regional Strategy Paper 2007-2013) y por otro lado se encuentra en una erosión parcial por algunos esfuerzos dentro de los países centroamericanos, que pretenden exceder partes de los bienes y servicios de las negociaciones.
Además, se tiene que tomar en cuenta que los antiguos problemas territoriales siguen persistiendo (Golfo de Fonseca entre Nicaragua, Honduras y El Salvador sobre los derechos pesqueros, zona fronteriza de Morazán, Cabañas y Chalatenango de El Salvador con las regiones vecinas de la Paz e Intibúca de Honduras sobre la regulación territorial). También, entre los países hay conflictos no resueltos causados por la cuestión migratoria (por ejemplo entre Costa Rica y Nicaragua). Algunos de estos problemas no serán resueltos a corto plazo).
Además, con la ratificación del CAFTA se vuelve más compleja la integración regional en vez de avanzar como la CCEE esperaba. En el estudio de CIFCA, se enfatiza que con CAFTA los EEUU han logrado más que todo una “triangulación”, porque Centroamérica no ha establecido una tarifa mínima externa por los aranceles. Esa triangulación permite que empresas estadounidenses puedan comprar materias primas y productos en distintos países de la región con las más bajas tarifas externas mínimas de aranceles (si esas son relevantes por los costos finales de los productos). También permite que se pueda re-exportar estos bienes sin ningún procesamiento o modificación del valor agregado a los mercados de los demás países centroamericanos según las reglas del CAFTA.
Al revés, una unión aduanera fuera una condición previa para evitar la desintegración. Como el proceso hacia una unión aduanera había sido muy complicado, se concluyó el TLC-CAFTA sin la supuesta unión aduanera. En la retrospectiva consideramos que fue un acercamiento pragmático y realista de los EEUU. Pero en resumen la integración vertical (vertical por las grandes asimetrías económicas con los EEUU) obstaculiza o evita la integración regional, en vez de fomentar una integración completa con una unión aduanera.
Aparte de la cuestión por la relevancia empírica de este escenario, quedaría la pregunta abierta si la CCEE persigue una línea más pragmática pese a sus pronunciamientos formales, es decir, si se renuncia a la reivindicación de la unión aduanera como un supuesto del acuerdo de asociación, pero sin renunciar ninguno de los criterios neoliberales del discurso de Singapur. Porque: „Una preocupación concreta es que la UE vaya a seguir los pasos de EEUU y busque aprovechar las ventajas que dan la triangulación de productos a través de países centroamericanos mediante la exigencia de un Trato de Nación Más Favorecida así como paridad CAFTA”? (estudio de CIFCA, p. 12). Esto significaría la redefinición de la prioridad de la integración regional y su socavación.
En este contexto, es importante repetir que aunque la CCEE otorgaría con los reglamentos planteados mayores preferencias que a otras contrapartes comerciales, pero que esas fueron menores que las preferencias otorgadas a los estados ACP, a Sudáfrica o a Israel.
Desde los años 90, se profundiza el proceso de la apertura unilateral, que se volvería más complejo por las impuestas barreras no-tarifarías, como las normas de la inocuidad y sanidad por productos alimentarios y por los registros de la tras-abilidad. Todos estos factores indican que en el sector agrario no habrán cambios profundos en el sector agrícola en las relaciones comerciales, y que estos se distinguen solo gradualmente de la política comercial de los EEUU.
El Acuerdo de Asociación con enfoque de protección de inversiones y del libre flujo de capital, no traerá nuevos impulsos en el área de las inversiones directas, por el contrario, consolidaría las inversiones directas. Cabe agregar que este proceso ya había comenzado con las reformas de apertura de las legislaciones nacionales, por las ‘Cláusulas de las Naciones más Favorecidas’ y por los APPRIs en la fase, cuando los países centroamericanos comenzaron con la privatización de los sectores estatales. Históricamente este proceso tuvo lugar paralelo a la “Transición Política”? que fue acompañada activamente por la CCEE desde 1984 (Diálogo de San José).
El Acuerdo de Asociación se distingue esencialmente de los APPRIs, en el aspecto de la generalización de la protección de inversiones a todos los 25 miembros de la CCEE (incluso a Rumania y Bulgaria a partir de 2007) y mediante un capítulo uniforme sobre las inversiones que contendría la cláusula de la expansión de los APPRIs a todos los estados de ambas regiones. Las inversiones protegidas por los APPRIs son por ejemplo la telecomunicación, los servicios de electricidad y del agua potable y los sistemas bancarios y de servicios. En el transcurso de los procesos de privatización y del ajuste forzado a la competencia global y a las estructuras de las empresas transnacionales europeas se espera un distinto crecimiento del empleo en la economía formal, pero no el establecimiento de agrupaciones núcleos de desarrollo industrial’ (Cluster) que traerían efectos sustentables por el desarrollo local-industrial (en la teoría del desarrollo industrial se trata de los efectos Spin-Off que comienza con el crecimiento de los servicios industriales y con de otros sectores de la cadena productiva local).
La tesis de la consolidación, ilustra el argumento del delegado de negocios en Costa Rica. Según él se trata de la consolidación de un mercado ampliado del comercio, con reglas claras y ventajas para poder participar en grandes obras de infraestructura, compras gubernamentales y en servicios (CIFCA, p. 27).
El caso emblemático por los efectos problemáticos de inversiones directas europeas es el consorcio energético UNION FENOSA, cuya estructura en Centroamérica es el resultado inmediato de las privatizaciones de empresas estatales, realizadas con capital español en Nicaragua, Panamá, Guatemala y El Salvador. UNION FENOSA es el mayor accionista de las empresas de electricidad en Nicaragua, Guatemala y Panamá. En estos países se hizo miles de reclamos sobre prácticas irregulares, intransparencia, exageradas tarifas y empeorados abastecimientos para la población económicamente vulnerable posterior a la privatización.
Sin embargo, por parte de los actores políticos en Centroamérica existe un alto interés en inversiones directas, que es detrás el esperado acceso mejorado a los mercados europeos, el motivo principal por el Acuerdo de Asociación.
A su vez, obviamente los negociadores de la CCEE juegan con estos intereses, que según nuestra percepción son parcialmente ilusiones. La Comisión Europea persigue con esto una estrategia pragmática para imponer las postuladas reglas de la OMC en el marco de los ‘Temas de Singapur’. En este contexto, se parte desde diferentes acuerdos, pero más bien desde los APPRIs. El modelo CAFTA corresponde más que otros acuerdos con esa concepción. Consideramos que el problema principal es que en la actualidad no se perfile un proyecto alternativo coherente, ni actores capaces de hacerlo. Conforme con la percepción de CIFCA cabe constatar que el tema de la cohesión social hoy día no se contextualiza como criterio del desarrollo, sino como criterio de la lucha contra la pobreza que significa la renuncia de la idea de cambios estructúrales y su sustitución por medidas de reparación de la apertura liberal.


3.2 CCEE - CAN

En julio 2006 se acordó en la reunión de los negociadores de la CCEE y de la CAN en Bruselas la ratificación agilizada del “Acuerdo sobre Diálogo Político y Cooperación”? de 2003 agregado por el tema comercial. La Comisión Europea y los gobiernos de la CAN acordaron la realización de las negociaciones durante el año 2007 y la conclusión del acuerdo de asociación hasta mayo de 2008. En septiembre de 2006 le dio el ‘Consejo Ministerial de la CCEE’ un mandato formal de negociación a la ‘Comisión Europea’, cuyos contenidos se aprobaron en enero 2007. La CCEE prometió que se pretende un acuerdo distinto a los clásicos TLCs y que considera las asimetrías entre Europa y los países andinos. Sin embargo se supone que la CCEE pretende también un acuerdo de paridad con los acuerdos homólogos de los EEUU con ciertas características propiamente europeas (priorización de la cooperación y del diálogo). Obviamente el diseño de estas características del Acuerdo de Asociación en el sentido del fomento del desarrollo endógeno, depende estrechamente de la capacidad negociadora de los cuatro estados de la CAN (Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia), cuya unidad es actualmente muy débil por la polarización política entre Ecuador y Bolivia por un lado y Perú y Colombia por otro.
La Comunidad Andina fue fundada el 26 de mayo de 1969 en Cartagena por Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Chile. Venezuela se integró en 1973, mientras que Chile salió posteriormente (véase arriba).
Primero con el proceso de la apertura mutua y con la disminución de las tarifas arancelarias comenzó la integración comercial real de la región a partir de los años 90. Pero el equilibro de las tarifas arancelarias se estancó en el siguiente periodo y los resultados económicos de la integración siguieron siendo muy modestos. Hasta hoy, el comercio entre los países de la CAN representa apenas un 10% de todo el volumen del comercio de los países andinos.
Dentro de las relaciones comerciales de los países andinos, domina la orientación hacia los Estados Unidos. Conforme a lo anterior y con el “Acta de Promoción del Comercio de los Países Andinos”? (Andean Promotion Trade Act, APT) de 1996 y con su renovación entre el año 2000 y 2002 ‘Acta de Promoción del Comercio de los Países Andinos – Acta de Erradicación de Drogas’ (Andean Promotion Trade and Drug Erradication Act, APT-DEA) se dinamizó el intercambio de bienes con los EEUU.
Cabe tener en cuenta que la APT/ APT-DEA no se puede calificar como acuerdo integrador de manera directa. En resumen, se trató de un catálogo de preferencias arancelarias y de importación, que estaban conformes  al SGP de los EEUU y que fueron condicionados con medidas para la lucha contra la producción y la comercialización de las drogas con enfoque especial en la hoja de coca y sus derivados industriales. La prolongación de facto del APT-DEA más allá del 31 de Diciembre 2006 sigue siendo importante especialmente para Ecuador y Bolivia, mientras que Perú y Colombia – conforme con su actitud política - esperan la conclusión de sus acuerdos bilaterales de libre comercio con los EEUU.
Aunque CAFTA es un acuerdo de integración económico regional y la APT/ APT-DEA fue sólo un acuerdo sobre el existente SGP de los EEUU so debe tener en cuenta que la Comunidad Andina como tal tiene un mayor grado de institucionalidad que Centroamérica y se dan otros puntos concretos de incidencia (véase también la estrategia de programación regional con los países andinos de la Comisión Europea/ EU Regionale Programmierungsstrategie 2002-2006 y 2007-2010). Por otro lado, los países andinos son política y socialmente menos homogéneos y el proceso institucional se encuentra en cierta erosión por la polarización política actual. Las profundas diferencias sociales dentro de la vieja Comunidad Andina ilustra por ejemplo la diferencia del BIP en los distintos países, que fue en Bolivia alrededor de 1.000 $ y en Venezuela 3.500 $.
Políticamente la erosión de la CAN se agiliza a raíz de los acuerdos bilaterales entre los EEUU y Perú y entre los EEUU y Colombia (firmado en noviembre 2006). De hecho, no había una posición común de la CAN frente a los EEUU que tuvo como consecuencia la salida de Venezuela en Abril de 2006 que firmó el ‘Tratado de Cooperación entre los Pueblos’ (TCP) con Cuba y Bolivia y entró al MERCOSUR.
Además, Venezuela se incorporó en diciembre de 2005 como miembro completen el MERCOSUR. Aunque tiene por un periodo transitorio hasta el 2014 un estatus de un miembro asociado, comienza a jugar un rol central político en esa agrupación económica, mientras que Perú, Ecuador y Colombia son miembros asociados con cada vez menos peso4.
En el caso de Bolivia es distinto: Bolivia se asoció al MERCOSUR en 1997 y ahora es también candidato por la membresía completa. Con los TLCs entre Perú y los EEUU, y entre Colombia y los EEUU, y por la profunda vinculación política de Colombia con los EEUU, al inicio del año 2006, la CAN apareció de facto obsoleta. Fue un argumento para el gobierno venezolano por su salida de la CAN.
El MERCOSUR pudiera ser una alternativa a la CAN para Ecuador, Venzulea y Bolivia. En noviémbre 2006, se planteó la membresía formal de Bolivia. El canciler brasilero Celso Amorím declaró que el nuevo gobierno brasilero persigue la membresía formal de Bolivia. Se trató este tema en la Cumbre del MERCOSUR en diciembre de 2006, a la cual se invitó explícitamente al presidente Boliviano Evo Morales. La base para la incorporación formal de Bolivia fue la conclusión de los nuevos contratos entre el gobierno de Bolivia y el consorcio petrolero de Brasil Petrobrás por la exploración de gas- y petrolero en Bolivia bajo nuevas condiciones. El plan de la re-nacionalización de los hidrocarburos fue considerado como obstáculo, porque la renovación de los contratos entre Bolivia y Petrobras estarían en interferencia con los intereses nacionales de Brasil (aumento de las acciones estatales, alce de precios y de impuestos para empresa extranjeras). Otro factor importante para la iniciativa brasilera fue el proyecto de un gaseoducto común. Este está todavía en negociación (en 2007) porque aún no se ha logrado un acuerdo final sobre los precios del gas. Una integración exitosa de Bolivia al MERCOSUR impactaría las negociaciones entre la CAN y la CCEE sobre un acuerdo de asociación.
En todo caso, la política del comercio exterior de la CCEE tiene que considerar el rol de la más poderosa Venezuela. La declaración de la cumbre CCEE-América Latina de Viena (Mayo 2006) indica, que Venezuela todavía no está fuera del juego, cuando se negocia la profundización de las negociaciones comerciales entre Europa y los países Andinos.
Pero la preocupación por el fracaso final de la CAN es menor cuando se considera la gran dependencia de Bolivia de Perú, Colombia y Ecuador. Casi una cuarta parte de sus exportaciones van a estos países vecinos y no al MERCOSUR. Sin embargo, con el proyecto del gaseoducto se profundizaría la integración al MERCOSUR.
A nivel bilateral, existen acuerdos comerciales entre distintos países Andinos con Europa desde hace más de treinta años. La cooperación actual radica en el ‘Acuerdo Global de Cooperación de 1993’ (véase arriba.). Los acuerdos entre la CAN y la Unión Europea concernientes a la agilización de las negociaciones sobre la liberalización del comercio dejan reanimar la CAN momentáneamente. Venezuela sigue observando los resultados de los procesos con la CCEE, y Bolivia modela pro-activamente esas negociaciones con sus propios planteamientos.
Sin dudas, pese a la denominada política comercial de los EEUU en la región andina, la CCEE tiene una importancia cada vez más grande. En las últimos dos décadas, el volumen comercial de la CCEE con la CAN se incrementó de 9 Mil Millones de € en 1980 a 15 Mil Millones de € en 2004, que significó un crecimiento de 73%. También se aumentaron las exportaciones de Europa a los mercados de la CAN y las exportaciones de la CAN a la CCEE. En 2004, los países de la Unión Europea exportaron a los países Andinos un volumen de 6 Mil Millones de € y se importaron bienes por un valor de 8,8 Mil Millones de €. Con una cuota de 12,8% de las exportaciones de los países CAN a la CCEE y con una cuota de 17,4% de sus importaciones, Europa es la segunda contraparte comercial detrás de los EEUU.
Por otro lado, la importancia de la Región Andina para Europa es con una participación de 0,7% en su comercio total, un poco más alto que la de los países SICA con 0,3%. Con excepción del gas y petróleo venezolano, la CCEE importa desde los países Andinos más que todo bienes con un menor grado de procesamiento de la agricultura, agroindustria y de la industria minera.
Una parte significativa de las importaciones de los países Andinos se acogen bajo el SGP Europeo. A esto también pertenecen distintos estímulos para países que llevan a cabo programas de lucha contra el narcotráfico. También, se exporta a bienes considerados como productos sensibles por la CCEE con un mayor grado de procesamiento y unos productos agrícolas sensibles. Las preferencias permiten la libre exportación a tarifas arancelarias cero, bajo distintas circunstancias. A raíz de estas preferencias y por la ‘Cláusula de las Naciones más Favorecidas’ representan 80 % de las exportaciones de los países Andinos a la CCEE (Estrategia de Programación 2002-2006 y 2007-2010).
En el sector de las inversiones directas las empresas europeas representan casi una cuarta parte de todas las inversiones en los países CAN. Esto es similar a los países SICA: Aparte de la exploración de los hidrocarburos, las inversiones Europeas se centran en los sectores privatizados (telecomunicación, sistema bancario y seguros, servicios de abastecimiento público <electricidad y agua potable>).
En su estrategia regional para los países Andinos, la CCEE establece dos prioridades para un Acuerdo de Asociación: 1. Integración regional: Apoyo al proceso  de la integración Andina y fomento del mercado interno regional, y 2. Seguridad: Creación de una Zona Andina de la Paz y resolución de los potenciales conflictos, especialmente para una lucha contra el narcotráfico más eficiente y por una gestión más sustentable de los recursos naturales. Los avances se consideran como supuesto fundamental para un Acuerdo de Asociación. El proceso de la profundización del desarrollo regional se concentra en el fortalecimiento institucional y al hecho de involucrar a todos los actores de la sociedad, además, a la armonización y la seguridad legal, y también al fortalecimiento del perfil de la CAN para la formulación de posiciones comunes.

Potenciales conflictos y barreras para el fortalecimiento de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación

Mientras que los gobiernos de los países Andinos no cuestionan el tema de la protección de las inversiones en público, persisten una serie de puntos de conflicto que obstaculizan las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación. Estos son:

1. La polarización política en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela se ha profundizado en los últimos cinco años. Persisten las discrepancias de opiniones entre los distintos miembros de la CAN sobre los TLCs con los EEUU., sobre del proyecto del ALCA, y también sobre las respectivas alternativas de Bolivia (Tratado de Cooperación entre los pueblos, TCP) y de Venezuela (ALBA) y también por la membresía formal de Venezuela en el MERCOSUR (2005) y por el proceso de la integración de Bolivia en el MERCOSUR.

2. En similitud a lo que ocurre con los países centroamericanos, la CCEE considera que especialmente el sector bananero sigue siendo un tema sensible, donde los intereses de algunos países andinos no coinciden con los compromisos que la Comunidad Europea tiene con los estados ACP. La Comisión Europea cuestiona explícitamente si la expansión de la producción bananera (hasta que este tipo de mono-cultura con todas las consecuencias ya es predominante en algunas regiones) haya sido una buena idea, porque se sabía de las dificultades en los mercados internacionales.

3. Al momento, la Comisión Europea no ve conflictos directos en el sector pesquero con los países de la CAN. Sin embargo, la Comisión Europea califica el acuerdo entre Chile y los países andinos como infracción de los derechos de los pueblos y como amenaza para la protección y explotación sostenible de las poblaciones pesqueras y se comenta que tales acuerdos exigirían una ampliada multi-lateralidad.

4. Como una de las potenciales barreras para un acuerdo de asociación, se considera el establecimiento de las normas de importación en el área de la inocuidad y sanidad de la CCEE: Estos estándares coinciden en primer lugar con las legislaciones de protección del consumido de los países europeos. Por otro lado, cada vez más se integran las normas homólogas dentro de las legislaciones de los países latinoamericanos (normalización por parte de los institutos nacionales, leyes de protección del consumidor etc.). Con esto, se las convertirán en normas de la economía formal. Es decir, que son un filtro para los mercados internos o regionales, siempre y cuando la regularización y observación estatal funcione. Un ejemplo de ello, es el caso en las cadenas de supermercados en el sector urbano.
Sin embargo, para el ercio exterior las normas de importación de la CCEE son barreras no-tarifarias. Al mismo momento esas normas son para la CCEE obligatorias y no negociables, mientras que no se exige ningún tipo de monitoreo o certificación de las normas medioambientales y sociales.

En julio de 2006, la CCEE reconoció en un mitin conjunto el progreso de los países andinos en el sector arancelario para los bienes provenientes de la CCEE, en el área de la liberalización de los servicios, y acerca del comercio tráns-fronterizo y del fomento del comercio intra-regional: „Esas iniciativas contribuyeran a la profundización de la integración regional en la CAN, y también permite que el futuro Acuerdo de Asociación entre ambas regiones sea mutuamente beneficioso “ (Minutes EU Commisison Joint High Llevel meeting. Brussels, July 2006).
Obviamente se dieron progresos acerca de algunas prioridades de la CCEE hacia la integración regional:

Creación de un TLC entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela en 1993 (Perú se involucró en 1997);

Implementación de un sistema tarifario común de aranceles desde de febrero 2005 con una tarifa promedia de 13,6% y una tarifa pico alta de 20%;

Incremento significativo de los productos procesados en los países andinos (sin embargo, en el comercio exterior quedan dominando los productos de materia prima);

Mejoramiento del clima de inversión a través de reglamentos legales uniformes y a través de instituciones legales;
Liberalización del comercio con servicios desde 1998 (véase Cuenca García 2001).

En esa declaración no se mencionaron las prioridades de la CCEE como la protección de inversiones, los temas sensibles y los temas de Singapur. Sin embargo, estos temas siguen siendo el objetivo estratégico de la CCEE.
Similar al caso centroamericano, la CCEE pretende un cierto tipo de paridad con los acuerdos que los países andinos sostienen con los EE.UU. Se considera que el paquete de la lucha contra las drogas, de las reglas arancelarias y de las medidas de seguridad del APT-DEA sería también un elemento clave en esto. Aunque parece que la CCEE puede imponer sus intereses en el contexto de un mayor grado de integración, en la actualidad los EEUU son más capaces de lograr mayores espacios a través de acuerdos bilaterales con distintos países (EEUU-Perú, EEUU-Colombia etc.).

En la cumbre presidencial de junio de 2006, Bolivia planteó un catálogo de criterios para un Acuerdo de Asociacición con la CCEE. En partes este catálogo se orientó al Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) entre Cuba, Venzuela y Bolivia. También implicó una crítica de la posición de los gobiernos de Perú y Colombia acerca de sus negociaciones bilaterales con los EEUU (Propuesta de Bolivia: Bases para un Acuerdo de Asociación CAN-UE en beneficio de los pueblos. Quito, 13 de Junio 2006). Estos criterios abarcaron el desarrollo endogeneo, la protección de las industrias nacionales, inversiones en servicios de instituciones públicas y la protección y el fomento de comunidades indígenas y de la pequeña agricultura. El planteamiento enfoca la priorización de los sectores no competitivos en los mercados gloables, pero fundamentalmente importantes para soberanía  alimentaria y la subsitencia de la mayor parte de la población.
El pretendido Acuerdo de Asociación con la CCEE contendría los componentes del “Diálogo Político y de la Cooperación’ centrados en los problemas específicos de la región. En este contexto, Bolivia enfoca especialmente las razones estructurales que causan estos problemas como la migración, la pobreza, la exclusión social, la destrucción del medioambiente. Con esto se distingue explícitamente del neoliberal “Consenso de Washington”?. En la declaración del gobierno boliviano se trata todos los temas conflictivos entre la CAN y la CCEE. Por un lado, los problemas planteados por Bolivia contradicen los intereses económicos que la CCEE persigue con el Acuerdo de Asociación, por otro lado recurren implícitamente al tema núcleo de la coherencia social.
En lo siguiente están documentadas las 17 reivindicaciones de Bolivia:

Bolivia: Propone cambios profundos a negociaciones comerciales
Durante la última reunión de Presidentes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), realizada en Quito el pasado 13 de Junio, Bolivia presentó la propuesta-base, los principios, a partir de los cuales se negociaría un “Acuerdo de Asociación”? entre la Unión Europea y la CAN
Los 17 puntos de la propuesta presentada por el presidente Evo Morales, recogen y desarrollan los aspectos planteados por Bolivia en el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) y son, en realidad, la contrapropuesta no sólo a los TLC exigidos por Estados Unidos y la Unión Europea, sino al modelo mismo que promueve el saqueo y la impunidad a favor de las transnacionales de esos países y los poderes imperiales.
Los grandes medios de comunicación evitaron informar más allá de la forma y las referencias superficiales sobre esta propuesta boliviana, y concentraron su atención casi exclusivamente en los detalles de redacción y entrega (en forma personal, de Uribe a Bush) de la carta suscrita por los cuatro presidentes andinos para que EE.UU. amplíe la vigencia de las preferencias arancelarias contempladas en el ATPDEA.
Gestión que mantiene en vigencia la dependencia a los circuitos de poder controlados por EE.UU. Para las comunidades y los pueblos andinos, latinoamericanos, del Sur, resulta de gran importancia conocer y analizar el contenido de la propuesta boliviana, para tomar posición y actuar.

Propuesta de Bolivia
Bases para un Acuerdo de Asociación CAN - UE en beneficio de los pueblos
1) Un Acuerdo de Asociación debe ser fundamentalmente un Acuerdo de complementariedad a diferentes niveles entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea para encontrar juntos soluciones a los temas de la migración, el narcotráfico, la preservación del medio ambiente, los problemas estructurales que engendran la pobreza y el desempleo, el fortalecimiento de nuestras identidades y el potenciamiento y recuperación de nuestros Estados, el desarrollo de democracias auténticamente participativas e inclusivas de todos los sectores en particular de los pueblos indígenas excluidos por más de 500 años.
2) Los pueblos, el ser humano y la naturaleza deben ser los principales beneficiarios de este Acuerdo de Asociación. Debemos superar esa práctica en la que los intereses empresariales transnacionales se anteponen a las necesidades de la población y el medio ambiente. La sociedad civil y las organizaciones sociales deben participar activamente en la construcción de este Acuerdo de Asociación para que exista una verdadera integración que comprenda a los Estados y a los pueblos.
3) El diálogo político tiene que ser equilibrado y recíproco, reconociendo que ambos tenemos mucho que aprender, uno del otro, en temas como la democracia formal, participativa y comunitaria. Es fundamental promover un intercambio de experiencias en temas como los de las autonomías, la descentralización, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la solución concertada de conflictos, la cultura de paz y la integración con soberanía.
4) La lucha contra el narcotráfico es de vital importancia para la CAN y la UE. Ambos tenemos que hacer nuestros máximos esfuerzos para acabar con los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico que comprenden el blanqueo de dólares en los bancos, el desvío de precursores y químicos, y la producción, transporte y comercialización de estupefacientes. Hasta ahora ha fracasado la guerra contra las drogas. Es necesario dar un giro que involucre al conjunto de la sociedad para enfrentar el flagelo del narcotráfico.
5) No podemos confundir la hoja de coca con la cocaína. La hoja de coca en su estado natural no hace daño a nadie y más bien debe ser industrializada con diferentes fines benéficos para la humanidad. Es fundamental que de una vez por todas se despenalice la hoja de coca y se la reconozca cómo parte esencial de la cultura de los pueblos indígenas andinos. En Bolivia estamos implementando una “política de racionalización y control de la producción de la hoja de coca consensuada”? con las organizaciones de campesinos productores de coca para evitar cualquier desvío de esta hoja hacia la producción de cocaína.
6) La cooperación de la UE hacia la CAN debe ser sin condicionamientos entorno a las políticas soberanas que adopten los Estados de la CAN. La cooperación debe contribuir a superar las causas estructurales de la dependencia y el colonialismo que subsisten en nuestros Estados. El fortalecimiento del aparato productivo, la industrialización de nuestros recursos naturales, el desarrollo de la infraestructura integradora y el fortalecimiento y universalización de los servicios públicos deben ser prioridades de esta cooperación sin condicionamientos.
7) Debemos establecer mecanismos de financiamiento al desarrollo que superen las experiencias negativas de la deuda externa y las donaciones con condicionamientos. Tenemos que promover un cambio de fondo en la cooperación multilateral (Banco Mundial, FMI, BID y otros) para que realmente atienda las prioridades que definen soberanamente los Estados.
8) La migración es un problema que afecta tanto a la UE como a la CAN. Juntos podemos construir una alianza estratégica para resolver el problema estructural del desempleo y la pobreza que impulsa a que cientos de miles de ciudadanos andinos abandonen sus países para buscar algún futuro en Europa. El drama de la migración no puede ser resuelto con medidas policiales ni administrativas, y siempre debemos precautelar los derechos humanos de los migrantes. Es fundamental que la cooperación y el intercambio comercial con la Unión Europea contribuyan a resolver los problemas estructurales de la generación de empleos permanentes y sostenibles.
9) Es necesario construir una alianza estratégica para defender a la naturaleza y el medio ambiente de los procesos desbastadores de la contaminación industrial. Juntos debemos impedir que las empresas migren de una región a otra para aprovecharse de estándares más bajos de control medio ambiental. Todos tenemos que aprender de los pueblos indígenas para vivir en armonía con la naturaleza.
10) Las reglas de este Acuerdo de Asociación en el ámbito comercial no pueden ser iguales para ambas partes mientras subsistan las profundos desequilibrios entre ambas regiones y al interior de las mismas. El PIB de la UE es más de 50 veces el PIB de la CAN y en relación a algunos países como Ecuador y Bolivia es entre 300 y 1.000 veces superior. Para que exista un Acuerdo justo y equitativo las disposiciones que se aprueben deben ser mucho más favorables para la CAN que para la UE. No se trata de una aplicación mejorada del «Trato Especial y Diferenciado» sino de normas desiguales que permitan equilibrar la integración de realidades desiguales.
11) En relación al tema de Acceso a Mercados es fundamental que la Unión Europea establezca de manera unilateral un arancel cero para todos los productos de la CAN en particular los bienes con mayor valor agregado. Para apoyar el desarrollo efectivo de los pequeños productores, microempresarios, cooperativas, asociaciones y organizaciones económicas campesinas es necesario no sólo arancel cero, sino mercados seguros para sus productos a través de preferencias en las compras estatales de los países de la Unión Europea u otros mecanismos. El Acceso a los Mercados debe ser real, suprimiendo las barreras no arancelarias y las normas técnicas y fitosanitarias restrictivas que no se ajustan a las reales posibilidades de un justo intercambio comercial.
12) La agricultura no puede ser tratada como una actividad económica más ya que de ella depende la alimentación y la vida de millones de personas, y la sobrevivencia y cultura de centenares de pueblos indígenas en la región andina. Los Estados tienen el derecho y la obligación de garantizar la soberanía y seguridad alimentarias de su población haciendo prevalecer el bien colectivo por encima de los intereses del agro negocio. La promoción de una agricultura ecológica debe ser una prioridad, así como la protección y apertura de los mercados a los productos andinos para lograr un desarrollo armónico con la naturaleza.
13) Debemos reconocer el derecho de los Estados, en particular de las economías más pequeñas, a proteger sus mercados internos y a dar incentivos a sus productores nacionales a través de diferentes mecanismos como las compras gubernamentales. La intervención del Estado a todos los niveles es fundamental para la reactivación de los aparatos productivos en las economías más pequeñas y menos competitivas.
14) Es necesario promover una inversión extranjera en la región andina que contribuya al desarrollo a través de la transferencia de tecnología, utilización de materias primas e insumos andinos, contratación de mano de obra nacional y un respeto a la normativa ambiental, laboral y la regulación de cada sector. Las garantías y protección de los Estados deben extenderse a los inversionistas que realmente invierten en el país y cualquier disputa entre un inversionista extranjero y un Estado debe resolverse en el marco de la jurisdicción nacional y no en el marco de paneles de arbitraje internacional que ya están causando severos daños a los países andinos. Todo inversionista extranjero tiene derecho a recuperar su inversión y una ganancia razonable y no puede pedir indemnizaciones por ganancias futuras ni exorbitantes. El Acuerdo de Asociación tiene que fortalecer la decisión soberana de los países andinos de recuperar y/o ejercer control sobre sus recursos naturales.
15) En el tema de propiedad intelectual es fundamental que se garantice el acceso a medicamentos genéricos y se amplíen las licencias obligatorias para medicamentos patentados por necesidades de salud pública. El patentamiento de plantas, semillas, animales y microorganismos y toda materia viva debe estar prohibida. Se deben reconocer y proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y debemos iniciar un amplio debate sobre el concepto de las patentes y la propiedad intelectual para evitar una privatización del conocimiento.
16) A nivel de los servicios, el Acuerdo de Asociación debe fortalecer la capacidad reguladora y gestora del Estado para garantizar el cumplimiento de las metas del milenio. Es preciso fortalecer los servicios públicos y no promover su mayor liberalización y privatización. El Acuerdo de Asociación debe buscar el fortalecimiento y universalización de los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, la seguridad social, el agua y el saneamiento básico a partir de la promoción de asociaciones y la transferencia de conocimientos de empresas de servicios públicos de la Unión Europea. Es necesario reducir los presupuestos para la guerra y el armamentismo para destinarlos a garantizar la provisión de servicios básicos a toda la población.
17) Debemos reconducir los procesos de integración subordinando los aspectos comerciales a las necesidades de desarrollo con soberanía e identidad de cada una de nuestras naciones y nuestros pueblos. Las situaciones de crisis que se presentan a nivel de diferentes procesos de integración deben ser asumidas como oportunidades para reencausar los mismos. La CAN y todos los gobiernos y pueblos de Sudamérica enfrentamos el desafío de superar nuestros errores y diseñar un nuevo proceso de integración con los pueblos y para los pueblos en el marco de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Las posiciones bolivianas son obviamente contradictorias con las prioridades centrales del libre comercio y con los objetivos principales de los TLCs. En concreto, contradicen la reivindicación de los temas de Singapur y la subordinación bajo las reglas de la OMC que son partes integrales de las directrices de la Comisión Europea para las negociaciones con la CAN (por ejemplo Borrador del Parlamento Europeo/ Europäisches Parlament 23 de Octubre 2006). Con estas directrices se pretende un Acuerdo de Asociación basado en varios capítulos: un capítulo político-institucional con lo cual se intenta profundizar el diálogo y la cooperación, un capítulo sobre la cooperación para el fomento del desarrollo económico sostenible y social, y un capítulo comercial enfocado en la creación de una zona de libre comercio.
Aparte de la liberalización sucesiva del comercio de los bienes y servicios, el capítulo comercial se expande a las inversiones, y también al sistema de las licitaciones públicas, a la protección de la propiedad intelectual, a la colaboración en el sector de la competitividad y también a los instrumentos de protección comercial, y a la facilitación del comercio y la regularización de conflictos. En esa declaración se postuló la creación de la Zona de Libre Comercio que corresponde con el mecanismo de transparencia de la OMC y con los derechos y obligaciones de la misma. En esto se enfatiza especialmente el artículo XXIV del GATT (sobre tarifas arancelarias) y artículo V del GATS (sobre el comercio de servicios) y que se expande más allá de las obligaciones de la OMC. En un periodo máximo de diez años se pretende crear la Zona de Libre Comercio que consideraría el tema de los productos sensibles de la manera menos restrictiva posible.
Con esa declaración se reconoce por un lado las asimetrías, mientras que las reivindicaciones de Bolivia están consideradas sólo parcialmente bajo el tema ‘Trato Diferenciado Especial’. Con esto se reconoce un trato que es todavía desigual para asegurar, que la Zona de Libre Comercio equilibraría las asimetrías correspondientes a los distintos niveles de desarrollo y correspondiente al grado de la competitividad sectorial de ambas regiones. Además, se estipuló un capítulo sobre Derechos Humanos y una Cláusula Democrática.
En lo siguiente se estipuló la integración de los sistemas económicos de los países andinos en el marco del SGP europeo y se reconoce que este sistema es un sistema comercial independiente que beneficiaría a los países andinos y que no requiere mayores revisiones en el futuro.
Conforme a lo anterior, el acceso especial para productos agrícolas de los países andinos como fue exigido por Bolivia dependería de la flexibilidad de la CCEE en el sector agrícola, del progreso en otros sectores como el acceso para productos no-agrarios y servicios, y de otras cuestiones agrarios no relacionadas con el acceso a mercados (véase arriba.).
Se espera que el Parlamento Europeo apruebe las directrices finales para las negociaciones en marzo de 2007. Esas directrices sólo van a tener pocas modificaciones para el trabajo de incidencia de grupos de Derechos Humanos y de las grandes ONGs.
Sin embargo durante el proceso de negociación, las reivindicaciones de Bolivia siguen teniendo un peso político importante como la pretensión de la coherencia social, que sigue siendo uno de los postulados de la CCEE. También cuestionan la coherencia de la política del comercio exterior y de desarrollo de la CCEE frente a la CAN, de manera que se reivindica la consideración real de las asimetrías. Sin embargo, no se puede esperar un trato especial de Bolivia acerca de los temas centrales (inversiones, patentes, servicios y comercio con productos agrarios). Tampoco existe un comentario oficial del planteamiento boliviano por parte de la CCEE. Según nuestra consideración, se puede admitir ciertas concesiones, pero más bien en el área de la cooperación para el desarrollo y acerca de la condonación de las deudas externas.


4. Conclusiones

Desde el análisis prospectivo del posible enfoque de los acuerdos de asociación con la CCEE, y desde el análisis de los distintos intereses a lo sumo se puede generar unas conclusiones relacionadas con el tema de la cohesión social. En este contexto se debe considerar, que los procesos de la polarización y desintegración podrían amenazar las negociaciones en 2007.
Por lo antes mencionado, nos centramos sólo en cuatros aspectos que según nuestra consideración son los importantes:

1. Los procesos de integración regional en Centroamérica y en los países andinos avanzan sólo parcialmente, sin que hayan relevantes cambios de las condiciones-macro y equilibrios de las existentes asimetrías.
El enfoque político de la creciente consolidación de la integración regional antes de la conclusión de los acuerdos de asociación con la CCEE con el fin del fortalecimiento del desarrollo endógeno y sostenible, no brinda una perspectiva real para ambas regiones (CAN y SICA). Además, los conceptos e ideas se dirigen a estados y gobiernos, que no representan bloques homogéneos y que en su mayoría siguen la línea neoliberal del bi-lateralismo con la excepción de Bolivia, Ecuador y tal vez Nicaragua5. Pero estos países representan en sus regiones los eslabones económicamente más débiles. En la literatura respectiva se enfatiza que el bi-lateralismo con los EEUU de los poderes más fuertes como Costa Rica y Colombia debilita cada vez más la integración regional y las posiciones comunes frente a temas como la reivindicación por mayores plazos de ajuste antes de la apertura comercial.

2. Por otro lado, la presión de los actores de la Sociedad Civil ha contribuido al trabajo de incidencia para la coherencia y cohesión social en alianza con los conceptos alternativos ALBA y TCP.
Mientras que los conceptos alternativos de los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador son mucho más que la coherencia y cohesión social, sino una alternativa al libre comercio, al mismo momento se pretende presentar unas reivindicaciones pragmáticas. La ALBA y el TCP sirven en este contexto menos como alternativas, sino en primer lugar como argumento político de los movimientos sociales (véase el análisis de Thomas Fritz 2007). A este nivel nos parece oportuno usar los 17 criterios del gobierno boliviano como reivindicaciones frente a la CCEE.

3. Los actores de la Sociedad Civil enfatizan la evidencia de la Cláusula Democrática como elemento importante de los ‘Acuerdos de Asociación’ EU-SICA y EU-CAN y la implementación de mecanismos concretos de monitoreo y participación. Esas reivindicaciones están en la agenda de los grupos de incidencia (de los consorcios de los grandes ONGs y de los grupos de lobby de Derechos Humanos). Sin embargo, las reivindicaciones sólo puedan tener un mayor impacto en estrecha alianza con la mayoría de los gobiernos de la CAN y de Centroamérica. Pero en la actualidad este no es el caso y las reivindicaciones no se dejan imponer por el desvío sobre las obligaciones internacionales de Derechos Humanos. Las medidas planteadas en este contexto, están contenidas en la llamada ‘Cláusula Democrática’ y su verificación a través de un observatorio y estudios de impactoestudios de impactos de los acuerdos de asociación. Sin embargo, todas esas medidas planteadas todavía no están definidas de manera satisfactoria. Según nuestra consideración un observatorio de los impactos no debe caer en la trampa de ser un pleno mecanismo técnico en la donde la Comisión Europea encarga a una elite de ONGs la evaluación de impacto según el mecanismo de las SIAs (Sustainability Impact Evaluation/ Evaluación del Impacto a la Sustentabilidad).

4. En el sentido de los criterios bolivarianos para las negociaciones, se debe criticar más que todo la priorización de la CCEE de los ‘Temas de Singapur’. Por eso, el monitoreo de impacto debería centrarse en estos temas (prospectivo en las regiones CAN y SICA y evaluativo acerca los acuerdos CCEE-México, CCEE –Chile y en el futuro los obstáculos para los acuerdos CCEE-MERCOSUR).


5. Documentos usados

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ALOP: Declaración de Viena Ante la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Viena,  1 de Abril 2006

ALOP/ APRODEV/ CIFCA/ Grupo Sur: Un acuerdo de asociación Unión Europea – América Central orientado hacia el desarrollo humano es posible. Bruselas, Noviembre 2006

ALOP/ APRODEV/ Confederación Europea de Sindicatos CES/ Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur/ Grupo Sur: Por un acuerdo de Asociación Unión Europea – CAN. A favor del desarrollo sostenible. La Consolidación Democrática y la Cohesión Social. Bruselas 15 de Noviembre 2006

Agencia Periodística del MERCOSUR (APM): Declaración del canciller brasileño. Queremos que Bolivia sea miembro pleno del Mercosur. Mar del Plata/ Argentina, 1ro de Noviembre 2006

Alianza Social Continental (ASC): LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES. Presentado a Ministros y Viceministros de la CSN en Santiago de Chile, 22 y 23 de noviembre de 2006

CCLA, Consejo Consultivo Laboral Andino: Bases para un Acuerdo de Asociación CAN – UE en beneficio de los pueblos: la propuesta boliviana. www.ccla.org.pe. Lima, Octubre 2006

CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México): ¿Hacia un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea? ¿Un instrumento para el desarrollo y los derechos humanos o un CAFTA II? Presentación de preocupaciones y propuestas en el contexto de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Coordinación e investigación: Manuel Pérez Rocha L Investigadores: Greivin Hernández González Jeffrey Orozco. Estudio preliminar. Bruselas, Abril 2006

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6. Anexo: Documentación

Carta enviada de Evo Morales a los presidentes de los 27 países de la Unión Europea y al Presidente de la Comisión Europea sobre la posición boliviana entorno a la negociación CAN UE y en particular las directrices de negociación.


La Paz  30 de enero, 2007

Estimado Señor Primer Ministro,

En momentos en los cuales está concluyendo la fase previa al lanzamiento de las negociaciones entre la CAN y la UE deseo expresar las premisas fundamentales que Bolivia planteó en reiteradas oportunidades para que estas negociaciones avancen de manera exitosa y sean fructíferas para todas las partes.

Primero, es necesario que las negociaciones tomen en cuenta que existen enormes diferencias de riqueza y desarrollo industrial entre los dos bloques, así como  al interior de la CAN.  Bolivia manifestó en reiteradas oportunidades que es imprescindible tomar en cuenta dichas asimetrías y considerar un tratamiento especial y diferenciado para los países de la CAN y en especial para Bolivia. Consideramos que el Acuerdo de Asociación entre la CAN y la UE es una excelente oportunidad para construir una relación comercial solidaria entre los dos bloques que dé un ejemplo de lo que debe ser un verdadero tratamiento especial y diferenciado a una de las naciones de menor desarrollo en la región andina.

Segundo, es fundamental tomar en cuenta el proceso de cambio y revalorización del Estado que se vive en la región andina y en particular en Bolivia, respetando dichas políticas en el proceso de negociación entre la CAN y la Unión Europea. Bolivia después de 3 décadas ha logrado un doble superávit fiscal y comercial gracias a que recuperó la propiedad y control sobre sus recursos hidrocarburíferos ejerciendo una mayor capacidad reguladora, cumpliendo la palabra empeñada de nacionalizar sin expropiar, garantizando la seguridad jurídica de las empresas que cumplen con nuestras normas. Este fortalecimiento económico del Estado nos está permitiendo un proceso de la distribución de la riqueza que está reduciendo las enormes brechas de desigualdad e injusticia en el interior de nuestro país. Así como está reforzando las capacidades comunitarias de nuestra población que anteriormente estaban siendo asfixiadas por la lógica del lucro y de la competencia. Por ello, en el proceso de “valoración conjunta”? para el Acuerdo de Asociación CAN-UE, Bolivia reiteró varias veces que descartaba la posibilidad de incluir en la negociación temas que condujeran a la reducción del papel del Estado y de los servicios públicos, o que impidan políticas públicas en temas económicos, sociales, ambientales o culturales.

Tercero, esperamos que el tema del medioambiente tenga un tratamiento integral y verdadero. Generalmente la preocupación hacia el futuro de nuestro planeta suele reducirse a ser un adorno de los acuerdos comerciales. Tomando conciencia de la gravedad del tema ambiental y de los problemas vinculados queremos dar en este Acuerdo de Asociación con la Unión Europea un carácter prioritario a la protección de nuestras condiciones de vida. Estas consideraciones son fundamentales para el "vivir bien" propuesto por los pueblos indígenas a todos los seres humanos y a ellas deben subordinarse las lógicas de la productividad y la ganancia. En consecuencia no  podemos considerar la agricultura, los servicios ambientales, la biodiversidad y los conocimientos como simples mercancías de un acuerdo comercial.

Esperamos que de estas negociaciones emerja una alianza estratégica entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones que no reproduzca los intercambios neocoloniales y que contribuya  a mejorar el desarrollo de nuestros pueblos en armonía con la naturaleza, aprovechando la complementariedad que existe entre nuestras regiones a nivel humano, ambiental y energético más allá de los meros intercambios comerciales basados en la lógica de la competencia.

Queremos promover un nuevo momento en las relaciones económicas entre los bloques. Queremos una asociación solidaria y complementaria que no esté al servicio de la lógica de liberalización del mundo. Esperamos que haya una comprensión  de la realidad que vive nuestro país y los pueblos indígenas de la región andina y que esto se refleje de manera adecuada en las directrices de negociación que adopte la Unión Europea.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle mis más sinceros saludos.


Evo Morales Ayma